Por: Jorge Mejía Martínez
La Fiscalía dijo que Alonso Salazar había sido víctima de un complot para desacreditarlo. Tranquiliza a tirios y troyanos –debiera- porque gana la ciudad. La sindicación de que el actual Alcalde de Medellín ganó sobre los hombros de los paras, no tenía ningún sentido. Al fin y al cabo lo primero que hizo luego de posesionarse fue declararle la guerra sin cuartel a la delincuencia organizada de la ciudad. No le tembló la mano para denunciar el carrusel indebido del porte de armas en Medellín: las armas que decomisaba la policía eran entregadas al ejército nacional, por mandato legal, para luego reaparecer portadas por las mismas manos manchadas. La Policía hace un desgaste innecesario. El Alcalde solicitó la prohibición para todo tipo de porte de armas y la competencia de la autoridad civil para decidir sobre el asunto, a pesar de la recurrente oposición de los militares.
Tampoco le tembló la mano al Alcalde para denunciar ante la Presidencia de la República su preocupación por la interferencia que desde la Fiscalía Seccional se percibía en la confrontación contra la criminalidad organizada, con ribetes de mafia. Luego la revista Cambio visibilizó la supuesta complicidad del Director local, Guillermo León Valencia, con connotados delincuentes. Igual suerte corrió el Comandante de la policía Metropolitana, el general Pedreros. O sea que la preocupación del gobernante de Medellín tenía total sentido pues en los rutinarios consejos de seguridad, para adoptar pautas y políticas, tomaban asiento personas, con responsabilidad de autoridad, que actuarían como palos en la rueda. La pelea del Alcalde fue solitaria, porque ni aún desde el Palacio de Nariño le pararon bolas. Fueron los medios de comunicación los que sacaron a la luz la podredumbre que se incubaba en Medellín.
La investigación de la Fiscalía concluyó que los que se impulsaron con el apoyo de los paras –desmovilizados o no- fueron otros. Malos perdedores. Desde sus trincheras se dedicaron a intentar minar la capacidad de lucha de la administración local contra la inseguridad y la violencia. No faltó el sambenito de que Salazar estaba dedicado a sabotear la política nacional de la seguridad democrática, según el marco conceptual inicuo de que los éxitos de la seguridad son del gobierno central y los fracasos son de los gobiernos de provincia. Se intentó promover la revocatoria del mandato y la construcción artificiosa de un vacío de poder y de gobierno en Medellín. Hubo daño.
A Salazar se le podrá endilgar errores de gestión en el campo de la seguridad urbana, pero no mala intensión. En 30 meses ha tenido tres Secretarios de Gobierno. Con Juan Felipe Palau, actual Secretario, mejoró sustancialmente la comunicación y la interlocución con la ciudadanía, ansiosa de conocer, con exactitud, los vericuetos de la inseguridad y la violencia en Medellín. Una comunidad que no se informa debidamente sobre los problemas, difícilmente podrá ser coequipera para resolver esos problemas. Medidas como la prohibición de parrilleros en motos -o su circulación a determinadas horas-, las restricciones en los horarios de los establecimientos públicos nocturnos, los toques de queda a los menores, etc, no sirven sino para despertar cierta sensación de autoridad y seguridad, pero de eficacia, nada.
A Juan Felipe Palau hay que endilgarle su disposición para escuchar la gente. En más de una ocasión trasladó su Despacho para las comunas y barriadas; buen mensaje. Hace falta, observa uno desde afuera, más interlocución con la Personería de Medellín para buscar coincidencias en los diagnósticos y las políticas. Hay que mostrarle a la ciudadanía que la institucionalidad local está tirando para el mismo lado en cuanto a mejorar la seguridad y la convencía, hoy melladas. Ahora que la Fiscalía quitó de las espaldas del Alcalde el pesado piano que injustamente cargó durante muchos meses, hay que multiplicar esfuerzos para hacer más liviano el fardo de la inseguridad que no deja de agobiar a la población.
