Por: Eugenio Prieto
Ante los escándalos y denuncias por corrupción, la Auditoria General de la República -AGR-, implementó el proyecto, Control al Control a la Contratación -CCC, orientado a determinar graves riesgos e irregularidades en la contratación pública. Esta semana presentó un primer informe sobre 852.143 contratos suscritos por los sujetos vigilados por las Contralorías territoriales, en el periodo comprendido entre noviembre de 2009 y febrero de 2011.
El informe que denuncia la captura de la contratación pública por parte de los corruptos en varias entidades y regiones, llama la atención de la sociedad que pareciera tener “cauterizada su sensibilidad”, refiriéndose además a “…la ausencia de una política de Estado para cambiar malas prácticas e indebidos marcos de acción contractual nacionales y regionales”.
Denuncia la generalización de la contratación directa en los entes territoriales, con la cual se evade el principio de selección objetiva a través de asociaciones, corporaciones, fundaciones y otras entidades, evidenciando un total de 23.128 contratos con éste tipo de instituciones en cuantía de $4.4 billones y 5.297 convenios interadministrativos por valor de $1.9 billones.
Esta modalidad de contratación directa representó en los entes territoriales en el 2010, el escandaloso indicador del 60%, aumentando al 74%, en el primer trimestre del 2011. Prende alarmas sobre 433.146 contratos de prestación de servicios, de los 852.143 reportados es decir, el 55% de la contratación total.
Los vergonzosos mayores porcentajes de contratación directa se concentraron en los territorios fiscalizados por las Contralorías de Nariño con 38.641 contratos, Bogotá con 27.876, Santander con 13.502, Antioquia con 11.940 y Cali con 7.940. Estás cifras, muestran enormes debilidades en el control de la contratación por parte de las entidades públicas, directamente y a través de los interventores, así como por parte de las contralorías territoriales.
Frente a las irregularidades y ausencia de transparencia; vulneración al principio de selección objetiva; objeto contractual difuso; ausencia de soporte presupuestal; fraccionamientos; adiciones innecesarias de contratos; nóminas paralelas; desviación de anticipos; carteles o monopolios contractuales, nos preguntamos: ¿Cómo han permitido las Contralorías, tal situación? ¿A qué se debe su permisividad? ¿Será que fracasó el actual modelo de control fiscal en Colombia? ¿Quiénes entonces deben hacer respetar las leyes sobre contratación pública? ¿Qué harán las autoridades competentes sobre estos descomunales indicadores de trampa y corrupción?
En materia disciplinaria, el informe del CCC, generó “…un nutrido traslado de hallazgos a la Procuraduría General de la Nación…”: de ellos, 155 contratos por $99.269 millones, que darían lugar a 21 investigaciones, de los cuales, con la Fundación para el Buen Gobierno o para el Bienestar Global -FBG-, creada por “iniciativa del Contralor de Antioquia”, se trasladan a la Procuraduría “…129 contratos mediante contratación directa…”, en mayor proporción con la Gobernación de Antioquia, con todo tipo de objetos contractuales disímiles entre sí, por valor de $30.926 millones.
La AGR adelanta una Auditoría “…orientada a determinar si existe inobservancia al régimen legal de contratación, por cuanto las entidades públicas, incluidas la Gobernación y la Contraloría, contratan con la Fundación…” y “…evalúa la posible omisión en las funciones de vigilancia de la Contraloría respecto de la Fundación, por cuanto ha emitido dictamen limpio de sus estados financieros, aun existiendo observaciones y hallazgos que evidenciaron presuntas irregularidades en las operaciones y registros financieros. También se encontraron dos procesos sancionatorios contra la Fundación, sin que hayan tenido impulso alguno”. Sin palabras.
