Por: Juan David Palacio Cardona*
El Pago por Servicios Ambientales es una estrategia para proteger la biodiversidad. La ciudadanía puede ser parte de la solución pagando por la huella de carbono que genera a las entidades que operan esos recursos para que lleguen a los campesinos y comunidades étnicas.
Hoy en el mundo demandamos una cantidad de bienes y servicios que, en sus procesos productivos, requieren de recursos naturales, lo que hace que las presiones por la gestión de la tierra sean mayores y que constantemente se esté modificando la vocación de la misma. Campesinos o granjeros en cualquier parte del mundo podrían tener en su predio un bosque nativo, con agua pura y fauna silvestre; no obstante, es muy posible que talen los árboles, alteren las cuencas y les den una destinación económicamente más atractiva -por razones de necesidad y oportunidad- sin importar el desastre ambiental que se pueda ocasionar.
Por hechos como este, nacieron iniciativas públicas y privadas, con el fin de lograr que los propietarios de la tierra, quienes la trabajan y la habitan tengan la oportunidad de producir ingresos monetarios cuidando el patrimonio natural. Es así como se busca financiar y pagar por conservar los ecosistemas estratégicos mediante los Pagos por Servicios Ambientales (PSA).
Muchos de los que viven en la ruralidad tienen dificultades económicas para subsistir y por esta razón, varias veces se ven obligados a talar los árboles para convertirlos en rastras de madera, que luego son vendidas en las ciudades –posiblemente de manera ilegal- para la fabricación de muebles o elementos decorativos. Y esto, que para algunos genera riqueza, significa un impacto negativo para las cuencas abastecedoras -que pueden secarse- y también para la fauna.
Adicionalmente, frente a las imposibilidades laborales y el desconocimiento de la sociedad por no pagar un precio justo por los productos que cultivan, en ocasiones, algunos campesinos optan por quemar árboles de bosque nativo y dejar de sembrar alimentos para originar carbón vegetal.
Esta mala práctica es cada vez más frecuente y el costo medioambiental es enorme, si lo comparamos con el precio que se paga por un costal de carbón, sumado a los riesgos legales que puedan derivarse, en caso de que una autoridad evidencie el delito ambiental. Es injusto que estén abandonados por un Estado que sí hace presencia para sancionarlos.
El PSA en la legislación colombiana está definido como “un incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa mediante la celebración de acuerdos voluntarios”.
Este incentivo no se debe contemplar en ningún lugar como un mecanismo de eliminación de pobreza, sino como una alternativa amigable con el medioambiente, con alcance y desarrollo económico, que hoy ha permitido conservar ecosistemas y avanzar hacia la disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y así mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, se requieren de más esfuerzos y recursos para lograr que la política pública tenga suficiente eco y alcance para evitar la deforestación y la consolidación de tierra ilegal para la ganadería, al igual que la posibilidad de siembra de cultivos ilícitos.
Se debe pagar por contaminar y se debe pagar para conservar, como método. Como ciudadanos debemos valorar de manera real y responsable el trabajo de los campesinos y las comunidades étnicas: en Colombia, son quienes cultivan las casi 64 millones de toneladas de alimentos que demandamos y la primera fuerza posible por el cuidado de los bosques. Para lograrlo, debemos ser parte de la solución, compensando con dinero nuestra huella de carbono a las entidades que operan los PSA, para que estos recursos lleguen a los campesinos y comunidades étnicas.
Debería existir una apuesta por más áreas urbanas protegidas y seguir avanzando hacia la posibilidad de ampliar las zonas que pertenecen a los parques nacionales, si queremos un mundo mejor y una Colombia que se preocupa por cuidar su biodiversidad.
Todos podemos aportar con cambiar los hábitos, con un consumo responsable y acompañando la ruralidad con su gente. Entre todos podemos escuchar, construir y no dividir.
*Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Twitter: @JDPalacioC
