El senador de la República por el Partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe, cree que es necesario hacer una gran reflexión sobre los temas que alrededor de la corrupción deben ser tenidos en cuenta en la reforma política que inicia trámite en el Congreso.
Según Trasparencia por Colombia, el principal foco de corrupción en el País está en la contratación estatal, la cual asciende a 10.4 billones de pesos por año, aproximadamente, que equivalen al 1.6% del PIB de la Nación.
Según Lemos Uribe, si realmente se quiere acabar con este flagelo, es necesario tomar medidas adicionales a las que plantea el Gobierno en su proyecto de reforma.
“No basta una reforma a medias para quedar bien con la opinión pública; la instauración del pliego tipo solo resolverá el problema de las licitaciones exprés o a la medida. Contrario a lo anterior, se requiere un paquete de cambios profundos que permitan corregir los fenómenos de corrupción ya evidenciados por la jurisprudencia y la doctrina en la contratación pública que el profesor Ernesto Matallana explica con total propiedad en su libro Manual de Contratación de la Administración Pública”, explica el Senador de la U.
Estas son algunas de las reflexiones que se han de tener en cuenta, según Juan Felipe Lemos, para evitar este gigantesco desagüe:
- Reglamentar y limitar la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos entre entidades públicas garantizando el cumplimiento de los principios de la contratación estatal, especialmente el de selección objetiva y libertad de concurrencia.
- Acabar con el mercado de subsidios en el país, a través del cual, la asignación de los mismos en los diferentes componentes sociales no obedece a criterios objetivos sino que dependen de la subjetividad del funcionario o gobernante de turno.
- Obligar desde la Ley a que la inversión de los recursos públicos en obras, bienes o servicios sean destinados a resolver las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades y no obedezcan a la voluntad del gobernante de turno y terminen convirtiéndose en cementerios de elefantes blancos.
- Acabar los denominados carruseles de contratistas, muy comunes en nuestro país, a través de los cuales un grupo cerrado de contratistas participan en las licitaciones públicas o demás procesos de selección y entre ellos se distribuyen los contratos de la administración en forma rotativa y equitativa vulnerando los principios de la contratación pública y definiendo ellos las condiciones de los procesos de selección.
- Elevar a delito penal la figura del fraccionamiento contractual, que consiste en dividir el objeto y alcance del contrato para evadir las licitaciones públicas, así como lo que se ha denominado “el pitufeo” de contratos que consiste en firmar varios contratos durante cortos períodos de tiempo, de pequeños montos con objetos similares que hubieran podido conformar un solo contrato.
- No permitir más la participación en los procesos de contratación de los proponentes suicidas que presentan ofertas con precios artificialmente bajos para que les sean adjudicados los contratos y posterior a eso, ya cuando están en la ejecución se hace necesario ajustar el valor de la obra para no ponerla en riesgo.
