Por: Margarita Restrepo
Alemania es campeón en la lucha contra la impunidad. Entendió que la justicia es la que mantiene la democracia.
He podido confirmar que entorno al proceso Santos-Farc existe una gran desinformación en los ambientes políticos europeos, donde el gobierno ha enviado un mensaje distorsionado y mentiroso respecto de los supuestos beneficios del acuerdo celebrado con los terroristas de las Farc.
Esta semana, he tenido la oportunidad de dialogar con diferentes actores sociales y políticos de Alemania y grande ha sido mi sorpresa cuando descubro que en aquel país no se sabía, por ejemplo, que las Farc no han devuelto a la totalidad de los menores de edad que tienen en su poder.
Así mismo, el gobierno Santos, a través de su ministerio de relaciones exteriores no ha sido transparente al informar que los colombianos nunca sabremos cuántas ni cuáles son las armas que la banda terrorista de las Farc supuestamente va a entregarle a las Naciones Unidas.
He aprovechado esta importante invitación para comentar con mis colegas alemanes nuestras grandes preocupaciones sobre el impacto que el acuerdo Santos-Farc tendrá sobre la democracia colombiana, que a pesar de los asedios del terrorismo y del narcotráfico, se ha mantenido incólume.
Pero la reformas constitucionales y las leyes que se están aprobando, minan las bases republicanas sobre las que se ha erigido nuestra nación.
También he insistido en la obligación que tiene la comunidad internacional de exigir claridad respecto al delito atroz de reclutamiento forzado de menores.
De hecho, les he recordado que en su país está cumpliendo una sentencia de más de 20 años el coronel serbio, Dragoljub Kunarac quien fue condenado por la corte penal internacional, luego de que se confirmara que él fue el responsable del reclutamiento y la esclavización sexual de al menos 15 niñas, durante la guerra de los Balcanes.
Estamos ante una realidad inocultable: el reclutamiento de menores es un crimen que, por ser de lesa humanidad, no prescribe. De acuerdo con el Estatuto de Roma, delitos como aquel, deben ser castigados de forma efectiva, con penas privativas de la libertad en centro penitenciario.
Y ninguno de esos preceptos se cumplirá con las Farc. Los responsables del reclutamiento de más de 3 mil niños, serán enviados a la jurisdicción especial de paz, donde se les impondrá una sentencia risible y se les castigará imponiéndoles sanciones simbólicas, como hacer una plana, limpiar un parque, pintar unos postes de luz, recoger basura en una calle o máximo, sembrar unos arbolitos.
Por eso, les insistí a los dirigentes políticos alemanes, tan comprometidos con la defensa de los derechos humanos, que deben poner sus ojos sobre lo que está sucediendo en Colombia. Tom Koening, miembro del partido Verde de Alemania y presidente del comité de derechos humanos del parlamento de su país, fue perfecta y detalladamente enterado de nuestras fundadas preocupaciones.
No podemos permitir que entre Santos y Timochenko, se perfeccione una lamentable operación de encubrimiento en virtud de la cual, los niños que fueron reclutados por las Farc sean olvidados. Han pasado más de 6 meses desde que el presidente y el jefe terrorista firmaron el acuerdo ilegítimo y aún no tenemos noticias de los niños que la banda criminal tiene en sus filas, en condición de esclavos.
Alemania es un país campeón en la lucha contra la impunidad. Resurgió de las cenizas luego de un régimen brutal y entendió que la justicia era la plataforma firme sobre la que es posible edificar un modelo democrático estable.