Por: Jaime Jaramillo Panesso
Este gobierno viene machacando a diario la idea de acabar con los parafiscales. Lo dice el Ministro de Economía, cualquiera que sea su nombre. Los fondos parafiscales forman el 9% de la nómina de los empleos formales que los empresarios trasladan al ICBF el 3%, a las Cajas de Compensación Familiar el 4% y al Sena el 2%.
La modalidad del subsidio familiar la crearon los empresarios antioqueños hace más de 50 años y hoy es patrimonio de los trabajadores colombianos y una expresión de la responsabilidad social patronal, aunque muchos de los empleadores actuales quieren bajarse del bus. El gobierno, marrulleramente, propone que para aliviarles la carga y que enganchen más mano de obra, el fisco nacional sostendrá, remplazará los parafiscales, es decir, que con partidas del presupuesto nacional se atenderán las cajas de compensación familiar y por supuesto, serán directamente administradas por el gobierno central, capitalino y clientelista. Semejante bocado será transitorio mientras las quiebran la mala administración y el burocratismo. Algunas de las actuales Cajas no son un dechado de buena administración. Casos se han dado. Pero la mayoría son eficientes y cumplen un papel de apoyo a la familia de los afiliados que son trabajadores de las distintas ramas de la economía colombiana donde los que ganan más compensan con sus aportes a los que ganan menos. Este es un sistema legal de solidaridad que solo existe entre nosotros. Pero se asoman las orejas del lobo que pretende suprimirlo.
El mapa del sistema de compensación familiar es asombroso. Las empresas inscritas son 364.000. Los trabajadores afiliados dependientes son 6’171.000 con un total de personas a cargo de 6’637.000, cónyuges 2’700.000.- Un gran total de 16 millones de colombianos y un subsidio total a los beneficiarios de $566 mil millones. Ese es el tamaño del daño, porque al desaparecer finalmente las Cajas, luego de la transición que no tiene nombre pero si autor y cómplices, las cifras anteriores serían borradas del mapa.
Los trabajadores afiliados perderían, además del subsidio monetario, los servicios de recreación, educación formal y no formal, salud, bibliotecas, vivienda, crédito, cultura, subsidio al desempleo y otros. Estas tareas las cumplen en las cajas 68.000 empleados que recibieron en 2011 por pago de su labor $1.474.000’000.000.oo.- Basta observar el número de personas empleadas por las principales Cajas, por ejemplo: Cafam 12.200, Colsubsidio 10.500, Compensar 8.000, Comfama 4.400.-En vez de crear empleo, quedarían cesantes, estos trabajadores de las Cajas, al final del ciclo de extinción que será maquillado con la palabrería hipnótica oficial.
A este modelo de extinción progresiva de un sistema solidario es que deberán enfrentarse los 16 millones de colombianos que directa o indirectamente se benefician de las cajas. Esa es una bandera de los sindicalistas que tienen asiento en los consejos directivos o administrativos y que comparten con los empresarios los cuales están obligados a expresar su acuerdo o desacuerdo con las pretensiones del gobierno nacional, capitalino y centralista. Calladamente nos traga el lobo de un capitalismo salvaje, cuando el sistema de compensación familiar es una muestra del capitalismo social. Sumemos a esta debacle propuesta la agonía en que entrarían los servicios a la niñez del ICBF y la educación popular más importante que imparte el Sena.
