Un buen aguinaldo recibieron los colombianos gracias a la aprobación en el Congreso de dos artículos de la Reforma Tributaria de 2010, en los que se obliga al Gobierno Nacional a regular los costos de los servicios financieros que venían siendo altamente onerosos para la economía de los colombianos. La norma se aprobó primero en plenaria de la Cámara por iniciativa de Óscar de Jesús Marín, en compañía de otros representantes, y luego en plenaria del Senado, con el apoyo de Eugenio Prieto y otros senadores.
“En el Congreso le dimos las herramientas jur´didica al Gobierno de intervenir las tarifas de servicios bancarios como el uso de cajeros automáticos, de chequeras, de tarjetas de crédito y de transferencias de banco a banco, entre otras transacciones”, dijo el liberal Óscar Marín. Y agregó que el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quería que el texto estableciera que el Gobierno Nacional “podría” intervenir, pero los congresistas insistieron en que el texto dijera literal y contundentemente que el Gobierno Nacional “intervendrá” las tarifas de los servicios bancarios.
“Quedó como un DEBER del Gobierno y no como una OPCIÓN”, precisó Óscar Marín.
El Representante del Liberalismo Socialdemócrata recordó que en 2009 el Congreso le había dado facultades al Gobierno Nacional para reglamentar los costos financieros. Sin embargo éste, haciendo uso de esa facultad, nunca dejó de favorecer al sector financiero en perjuicio de los usuarios.
Los establecimientos de crédito obtuvieron en 2009 ingresos por 1,64 billones de pesos por concepto de servicios financieros, mientras la prestación de los mismos sólo les representó un costo de 375 mil millones de pesos. Significa esta diferencia que los bancos ganaron más de 1,27 billones de pesos por estos servicios, obteniendo una rentabilidad de más del 338 %. Estas cifras explican, además, que las ganancias del sistema financiero dependen en casi un 30 % de la prestación de los “servicios bancarios”, que en realidad son derechos del consumidor.
Con estos artículos incluidos en la Reforma Tributaria se busca acabar definitivamente con los excesos de los bancos en las tarifas de cualquier tipo de transacción. Es así como el Gobierno Nacional cada seis meses deberá realizar un estudio sobre las tarifas bancarias y detectar si hay situaciones como el abuso de posición dominante reflejado en tarifas, comportamientos monopolísticos o acuerdos de precios. De detectarse inconsistencias, el Gobierno intervendrá y fijará las tarifas con unos topes.
La obligación del Gobierno quedó establecida en la Reforma Tributaria aprobada por las plenarias de Senado y Cámara, la cual pasó a sanción presidencial.
Aunque los costos de los servicios financieros no hacen parte de la canasta familiar, sí afectan el bolsillo de los colombianos, razón por la cual el Congreso espera que su decisión se convierta en un alivio económico para todos.
