Los establecimientos de crédito obtuvieron en 2009 ingresos por 1,64 billones de pesos por concepto de servicios financieros, mientras la prestación de los mismos sólo les representó un costo de 375 mil millones de pesos. Significa esta diferencia que los bancos ganaron más de 1,27 billones de pesos por estos servicios, obteniendo una rentabilidad de más del 338 %. Estas cifras explican, además, que las ganancias del sistema financiero dependen en casi un 30 % de la prestación de los “servicios bancarios”, que en realidad son derechos del consumidor.
Por tal razón, el representante a la Cámara Óscar Marín y el Senador Eugenio Prieto Soto, presentaron un proyecto de ley
“por medio del cual se definen las tarifas a los cobros de los servicios bancarios que ofrecen los establecimientos de crédito en el país”. De esta manera buscarán acabar con los abusos que los bancos vienen cometiendo con sus clientes, aprovechando su posición dominante, la libertad de precios, la necesidad de los consumidores y la falta de información precisa, clara y oportuna mediante la cual fijan de manera unilateral, arbitraria y excesiva los costos de los “servicios bancarios”.
Los congresistas antioqueños se basan en el Título I de la Ley 1328 de 2009, conocida como Reforma Financiera, que define el Régimen de Protección al Consumidor Financiero. En esta norma se estableció que las relaciones entre los consumidores y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, se orientan por la Constitución, por la Ley y por los principios generales del Derecho, que tienen como guía fundamental la garantía del respeto a los derechos de dichos consumidores.
“Tenemos argumentos sólidos que demuestran la urgencia de regular el tema, dando garantías al consumidor financiero de igualdad, justicia en la tarifa y publicidad en las decisiones unilaterales de los bancos”, afirman los contadores públicos, Prieto y Marín.
Recordaron los congresistas liberales que los costos de transacción no se limitan sólo a los intereses pactados, sino que a cada producto le adicionan y condicionan una serie de servicios de alto costo que encarecen el “servicio”, disminuyen al máximo la poca rentabilidad que puedan tener los usuarios y, al contrario, aumentan exorbitantemente la rentabilidad de los establecimientos financieros. “Con el agravante que buena parte del salario que se ganan los colombianos, se queda en los bancos cuando estos les cobran por consignarlos y por retirarlos”, precisaron.
Eugenio Prieto Soto y Óscar de Jesús Marín no pretenden con su Proyecto de Ley acabar con el libre mercado en Colombia ni con la libertad de empresa. Pero piensan que es hora de que el Congreso de la República intervenga ante los incrementos injustificados, irracionales, abusivos e ilimitados en los precios de los servicios bancarios que tan evidentemente están afectando la economía y la capacidad de consumo de los colombianos.
Terminan diciendo los congresistas que es el momento de dar un paso histórico haciendo que la Superintendencia Financiera cumpla con su función de la “vigilancia, control y seguimiento de los servicios bancarios que cobran los establecimientos de crédito en el país”, de tal manera que el Estado colombiano atienda la situación de indefensión en que se encuentran los usuarios financieros, devolviéndoles su derecho a ser tratados con igualdad, con justicia y con dignidad.
