Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
El crimen organizado vinculado al narcotráfico, pero también con otro tipo de manifestaciones, configura un problema transnacional que no podrá ser combatido a cabalidad si no unimos esfuerzos para acordar la adopción de las iniciativas y las políticas latinoamericanas comunes que está demandando.
Aunque en cada país de la región se han dado unas condiciones particulares que alientan la prosperidad de estas estructuras, se debe reconocer que han surgido factores internacionales, en este caso regionales, que hacen posible su relación en cadena.
Los casos de Nicaragua (con los Contras) y de El Salvador son muy dicientes en este sentido, pues propiciaron la creación de organizaciones de extrema derecha con la intención de combatir las guerrillas, pero éstas pronto se pusieron al servicio del crimen organizado y de las mafias internacionales; igual sucedió en Colombia.
Las cárceles de EE. UU. y el mercado favorable de ese país para la distribución de las drogas han sido escenarios propicios para internacionalizar el delito, con todas sus consecuencias.
Hoy existe una clara articulación de este tipo de organizaciones con las estructuras criminales de México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Perú y Argentina, sin desconocer que ya cuentan con ramificaciones en otros países del continente. Hay ciudades del continente que, francamente están tomadas por la delincuencia con grandes nexos internacionales.
En Colombia no es un secreto que bandas delincuenciales como la de los Urabeños, los Paisas y los reductos de paramilitares y de la llamada “Oficina”, han logrado articularse con los carteles de la droga de México y de las islas caribeñas, al igual que con las Maras o pandillas de Centroamérica. El objetivo común es abastecer el mercado consumidor de drogas de los EE. UU.
Por igual resulta muy preocupante que existan acuerdos entre algunas agrupaciones armadas, como las Farc, y estas estructuras y carteles centroamericanos, principalmente de México y El Salvador.
Este fenómeno debería ser tema central de discusión en las cumbres americanas, pero si sólo el problema de las drogas causa tanto escozor, como será el abordaje de sus consecuencias.
No puede esperarse que el debate sobre alternativas al narcotráfico y las drogas en general madure, al punto de alcanzar su real tratamiento en el contexto latinoamericano. Es urgente tomar conciencia de que el problema está socavando los cimientos de la democracia en cada país.
Así como el narcotráfico se ha incrustado en muchas de las economías del continente y en este proceso ha logrado articularse con una amplia gama de rentas y activos legales e ilegales, de la misma forma exige una acción unificada más allá de los propósitos militares o policiales, hasta definir unas estrategias integrales de carácter continental.
