Por: Rodrigo Pareja

En los últimos años se ha institucionalizado en Colombia, con la plena y silenciosa aceptación de la ciudadanía, la existencia de secuestrados de primera, segunda y tercera clase, pues así queda establecido según el grado de difusión que se le de al hecho, al tamaño de la recompensa ofrecida y a la movilización de fuerzas que genere.

Esa misma odiosa discriminación que contradice el más elemental principio de igualdad, aplica también para víctimas de cualesquiera de las violencias que afecta al país, pues por los responsables de cada homicidio se ofrecen caprichosamente, de recursos públicos,  recompensas que van desde los $5 o $10 millones de pesos y que se elevan de acuerdo con el genio, gusto o simpatía que por el respectivo muerto tenga cada funcionario.

Ahora, para que continúe haciendo carrera en Colombia esta fastidiosa exclusión, se le ha dado la bienvenida y aceptación a lo que podría denominarse “el chantaje de buena procedencia”, conducta delictiva que hasta el momento se medía con igual rasero y calificación.

 

No otra cosa puede denominarse sino “chantaje de buena procedencia”, el que abierta y públicamente ejerció el Atlético Nacional ante la dirigencia colombiana del fútbol, en relación con la sanción de dos partidos sin público que se le había impuesto, en razón del comportamiento vandálico y criminal de algunos hinchas suyos en Armenia.

El Atlético Nacional estaba en todo su derecho de rechazar dicha sanción e interponer los recursos que las normas le permitían para derogarla, pero no le quedaba bien que antes de transitar por los cauces legales, aprovechara sus medios de comunicación y el peso de su pauta publicitaria para chantajear sutilmente, al señalar que si se mantenía la sanción la poderosa organización Ardila tomaría drásticas medidas.

Lo anterior, luego de recordar en forma sibilina por intermedio de sus voceros oficiales y oficiosos, que Postobon – vale decir la Casa Ardila – es hoy por hoy uno de los grandes patrocinadores del fútbol y dar a entender, sin decirlo directamente, que tal patrocinio podría desaparecer de persistir el castigo.

Ya nos imaginamos a los dirigentes traficantes del fútbol – pues no sólo se trafica con droga — aculillados y temerosos ante semejante reacción, quienes con una celeridad y sumisión que no han tenido en otras ocasiones dieron marcha atrás y se plegaron ante las veladas amenazas del poder económico.

Hasta aquí todo lo anterior no pasaría de ser otro episodio ocurrido dentro de la gran carpa circense en que se desenvuelven muchas de las actividades en Colombia.

Lo que no queda claro es que van a hacer estos mercachifles del deporte más popular del país,  cuando en el futuro, más temprano que tarde de acuerdo con el crecimiento inatajable de la violencia en los estadios y alrededores, vuelvan a presentarse episodios lamentables como el de Armenia, protagonizados por hinchas de otros equipos y, por qué no, por los del mismo Atlético Nacional.

Se atreverán a imponer alguna sanción o le darán vía libre a los desmanes y desafueros de estos desadaptados que van a fútbol armados de cuchillo y revolver ?

En caso de que haya sanciones y se obligue a algún equipo a actuar a puerta cerrada, volverá la poderosa Casa Ardila a recordar que Postobón es el gran patrocinador actual del fútbol ? O ya no funcionará el “chantaje de buena procedencia ?”

Mientras en Colombia este deporte se sume cada día más en la mediocridad y la violencia, sus inferiores dirigentes pueden estar pensando que para reemplazar la empresa patrocinadora que produce humo y cáncer, vale la pena ir pensando en la otra que pretende calmar la sed a punta de agua, anilina y azúcar.