Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Creo que a Gustavo Petro le asiste toda la razón cuando plantea que algunos temas de su campaña electoral -que resultó apoyada con un millón 400 mil votos- pueden nutrir el acuerdo nacional, sin que por ello pierda su independencia política o tenga que atemperar su intención de ejercer la oposición en otros tópicos de transcendencia nacional. Hace unos días, el ex candidato le dirigió una carta al presidente electo Juan Manuel Santos para proponerle iniciar un diálogo nacional sobre tierras, víctimas y agua. Los dos, incluso, se reunieron el jueves 24 de junio. El líder del Polo Democrático argumenta que un acuerdo nacional sobre una gran reforma agraria, una ley de víctimas y una política pública para el manejo del agua es un propósito del más elevado contenido social.
Contenidos que han estado asociados al accionar de las mafias, y que constituyen hoy por hoy el almendrón de la guerra y de la violencia, según lo denunció durante la reciente campaña electoral. No puede haber temores de que, por el hecho de agitar esta bandera, convierta a su partido en una fuerza más de la coalición de gobierno, pues no se está hablando de cuotas burocráticas ni de acuerdos que le resten esencia a sus postulados, y menos que por ello dejen de ser un factor de oposición.
Claro que cualquier intento por convertir el acuerdo nacional en una coalición que pretenda impedir el libre debate a los temas que sean divergentes respecto a la unidad pactada o en relación con el mismo gobierno, deberá ser cuestionado de inmediato. Colombia requiere de una oposición seria y constructiva, pero a la vez exige que frente a los programas que tocan al conjunto de la sociedad y la democracia se establezcan los consensos necesarios para que sean eficaz y eficientemente desarrollados. Pero ello no tiene que implicar la disolución de las fuerzas o de los partidos y mucho menos la renuncia a enfrentar aquellas políticas oficiales que no se compaginen con los intereses de algunas de estas colectividades o movimientos.
Los temas que desvelan a Petro son de vital importancia para esclarecer la verdad y aplicar justicia, proceso que fue bruscamente cercenado por el gobierno de Uribe. Nos referimos a la figura de la extradición, adoptada inicialmente como una herramienta de cooperación internacional entre los países pero convertida -en muchos casos- en factor de impunidad, a tiempo que impide que las víctimas sean realmente reparadas y que los narcotraficantes y paramilitares paguen sus penas primero en nuestro país. Es más, en aras de la verdad no deberían ser extraditados si entregan las tierras usurpadas y ayudan a develar toda la verdad del conflicto y de sus auspiciadores. El asunto implica la apertura de una negociación con el Gobierno norteamericano y de un amplio debate nacional.
Lo cierto es que mientras más fuerzas demócratas y de oposición se sumen al acuerdo nacional menor será la capacidad del Gobierno y del clientelismo de ejercitar o de avalar la sempiterna corrupción o la repartija del poder. Acuerdo que debe fundamentarse en la defensa de la Constitución del 91 y de los escenarios de participación democrática.
Tanto el Polo Democrático como el naciente Partido Verde deben llegar al acuerdo nacional y jalonar la más amplia discusión en torno a los temas que siguen agobiando al país y su institucionalidad.
Hay que buscar que Colombia ingrese a una etapa distinta de la confrontación política y que a la vez rechace el unanimismo en todo lo relacionado con la política y la gobernabilidad; también, forjar escenarios de unidad que permitan resolver problemas que han siendo objeto de amplia controversia y factor de profundización del conflicto social.
Como sostiene Gustavo Petro, su proyecto es uno y el de Santos es otro, lo cual no impide los acercamientos que se han producido, así como la necesaria confrontación de políticas, sobre las que no cabe posibilidad alguna de que lleguen a integrarse.
La verdadera oposicion no siempre se ejerce, eficazmente, al margen de acuerdos y alianzas programáticas. Así lo demostró el gran pacto que dio origen a la asamblea constituyente de 1991 y de la cual el Polo Democrático ha sido una de las fuerzas que mas la ha defendido.
