El Secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez, anunció este martes, 9 de Diciembre, el cierre del Programa Intervención Social en Cárceles de la Oficina de Paz y Reconciliación de dicha Secretaría. La decisión obedece a las inconsistencias detectadas en dicho Programa, puestas en evidencia con el asesinato de la psicóloga Marjorie Kisner Mira, presuntamente a manos de un pospenado.
El Senador de la República, Jorge Enrique Vélez García, le había dicho a SINERGIA INFORMATIVA que solicitaría investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación al Programa en mención porque de acuerdo con la información obtenida después de sendas conversaciones con familiares y compañeras de trabajo de la profesional encontrada muerta el pasado viernes, 5 de diciembre, a Marjorie y demás contratistas del componente de pospenados les tocaba viajar a lugares muy apartados sin garantías de seguridad.
Para Vélez García –haciendo eco al llamado de los familiares de la psicóloga asesinada- es inconcebible que la Oficina de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín no haya tenido en cuenta mínimas medidas de protección para quienes tienen que tratar con personas de alta peligrosidad.
Además de las visitas domiciliarias a pospenados -como la que realizó Marjorie Kisner Mira el 2 de diciembre, día de su desaparición-, las contratistas del Programa deben visitar desmovilizados, jóvenes en alto riesgo y establecimientos carcelarios, había explicado el Secretario de Gobierno de Medellín, quien ahora anuncia el cierre del programa.
Según el nuevo Presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el Programa debe ser evaluado y debe ser objeto de una intensa reingeniería. No entiende cómo funcionaba sin garantía alguna de seguridad para contratistas, como Marjorie Kisner Mira, quien fue servida en “bandeja de plata” a quien la violó, la torturó y la asesinó
