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En su tercera rueda de prensa juntos, los titulares de los órganos de control penal, fiscal y disciplinario de Colombia dieron a conocer los resultados de las investigaciones que han venido realizando, en desarrollo de su compromiso con el País de develar los presuntos actos de corrupción que se han producido en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El fiscal Francisco Barbosa habló de 177 indagaciones por corrupción en los 32 departamentos, mediante las cuales se ha podido recoger evidencia física suficiente para hacer imputaciones y dictar medidas de aseguramiento por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y distintos tipos de peculado.

Entre los funcionarios mencionados por el Fiscal General de la Nación están los alcaldes de Necoclí, Jorge Augusto Tobón Castro, y de Barbosa, Édgar Augusto Gallego Arias. Sobre el primero, el Fiscal informó que suscribió un contrato con la Corporación Stage Events por valor de 450 millones de pesos en el que “los investigadores detectaron posibles inconsistencias como la no justificación de algunos valores y sobrecostos”. Sobre el alcalde del municipio del Norte del Valle de Aburrá, la Fiscalía señaló la celebración de un contrato sin los requisitos legales requeridos.

Su secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario, Daniel Fernando Alcaraz Múnera, y su director Administrativo de Planeación, Hugo Aldemar Suárez Osorno, también serán objeto de imputación de cargos, pues el contrato tuvo que ver con “la prestación de servicios para el apoyo a la gestión en actividades logísticas, operativas y asistenciales para la atención de la emergencia nacional presentada por el covid-19, enfocada en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la educación y capacitación a la población de Barbosa (Antioquia) mediante la utilización de las herramientas TIC».

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, habló en la rueda de prensa para informar sobre los resultados del llamado Plan “Transparencia por la Emergencia” sobre las investigaciones disciplinarias a tres gobernadores, la suspensión cautelar al Gobernador del Chocó, quien además tenderá media de aseguramiento y las suspensión de otras 11 autoridades, entre ellas, el alcalde de Copacabana.  

La suspensión provisional durante tres meses de este alcalde de otro de los municipios del Norte del Valle de Aburrá, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, se produce con una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 ciudadanos venezolanos a la frontera, sin cumplir con la normatividad, los protocolos y los procedimientos establecidos para ello. La suspensión es también para el personero Mefi Boset Gómez. La secretaria de Gobierno, Jaqueline Zapata Cano, también es investigada por esta presunta irregularidad en el traslado de los migrantes a su país. 

El Procurador también se refirió a los financiadores de las campañas electorales como el “pozo séptico” de la política por la corrupción que conlleva en el proceso de recuperación de los aportes mediante la contratación. Dijo que el organismo de control disciplinario tiene detectados 117 financiadores de campañas políticas.

Sobre los aportantes a las campañas electorales, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, se refirió a los aportes hechos para la Alcaldía de Andes, de Argelia, de Barbosa, de El Carmen de Viboral, de Girardota, de Maceo, de Támesis y de Rionegro, entre otros.

La Contraloría General de la República ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos en contratos, con un valor de 484.000 millones de pesos, de ellos, 193.000 millones corresponden a contratación realizada por 25 gobernaciones.