Jairo Herrán Vargas, Personero de Medellín, anunció todo su respaldo al Concejo de Medellín, su Mesa Directiva y, en particular, su Presidente. Rechazó las amenazas de que han sido objeto debido al cumplimiento de su deber constitucional de ejercer control político y velar por los bienes públicos, en relación con las exigencias hechas a los transportadores para que consignen en las seis Fiducias del Municipio, los recaudos del Fondo de Racionalización del transporte público metropolitano.
Herrán Vargas recalcó que el Concejo de Medellín es el foro natural de la democracia y del control político por excelencia, y no pueden existir temas vedados para la Corporación. Dijo que no se puede permitir que cualquier tipo de interés particular afecte los debates, mediante amenazas e intimidaciones.

Herrán Vargas igualmente pidió respaldo al Concejo Municipal frente a las intimidaciones y amenazas que buscan evitar que se expongan a la luz pública los graves riesgos que para la salud de los pobladores del corregimiento de San Antonio de Prado, representa el funcionamiento actual en el Municipio de Heliconia del depósito de basuras conocido como “El Guacal”.

Los señalamientos del Presidente

Las demandas contra el Estado no se pueden realizar sino por abogados que en derecho del ejercicio de postulación represente a las víctimas, dijo el Personero de Medellín, a propósito del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien afirma que existe una red de abogados dedicados a montar casos contra el Estado en materia de derechos humanos. Según explicó el Personero, “las demandas referidas a la violación de Derechos Humanos, desde el ámbito del Derecho Penal Internacional, deben realizarse debidamente fundamentados, citando y exhibiendo los medios de prueba que se pretenden hacer valer”. En el mismo sentido, Herrán Vargas dijo que “las demandas deben dirigirse contra las entidades del Estado y las y los servidores públicos”.

Las afirmaciones del presidente involucran a ONGs como la Corporación Libertad y otras organizaciones que han demandado casos ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos.

El Personero reitera que los abogados no tienen la posibilidad ni la capacidad de fabricar pruebas o de hacer montajes tales como ponerle trajes militares a los fallecidos. Estas actuaciones solo pueden realizarlas organismos oficiales o funcionarios con capacidad logística para alterar los hechos. También podrían fabricar pruebas en materia de delitos contra los derechos humanos las AUC y la guerrilla. No obstante cualquier montaje resulta inocuo frente a la realidad y a los procesos de investigación rigurosamente adelantados.