El proceso de paz integral que propone el presidente Gustavo Petro es complejo, quizá más que procesos precedentes, porque éste tiene tres niveles, cada uno complejo. El analista del conflicto, Jaime Fajardo Landaeta, dice que el primer nivel es el que busca la solución política negociada con grupos guerrilleros como el ELN y la disidencia las FARC; el segundo pretende un proceso de acogimiento o de sometimiento a la justicia de bandas criminarles como el Clan del Golfo y otras agrupaciones al servicio del narcotráfico y de la delincuencia común; y el tercer nivel, es el de la Paz territorial en zonas golpeadas por el conflicto, donde el Presidente quiere que se vea la presencia del Estado.
Fajardo Landaeta ve la complejidad en que estos tres niveles no se juntan, pero en pretender abordarlos es lo que que garantiza que el proceso sea integral. De ahí su calificativo de “Paz Total”.
El nivel del acogimiento a la justicia de los grupos criminales es uno de los grandes retos del gobierno del presidente Petro. Y aunque el marco jurídico existe desde 1997 con la Ley 418, la propuesta con el nuevo Proyecto de Ley de Orden Público es darle mayor solidez y actualización con la posibilidad de que estos grupos armados organizados al margen de la ley se desarticulen, desmonten sus estructuras criminales y se comprometan a no seguir delinquiendo.
Jaime Fajardo Landaeta entiende el propósito de allanar los tres niveles como el atajo que permite enfrentar de una vez lo que anteriores procesos de paz ha generado: las facciones disidentes que terminan mutando en otros grupos organizados que deciden copar el espacio dejado por la desmovilización.
El Analista del conflicto asegura que el Gobierno está diseñando el marco jurídico para proceder a las negociaciones con garantías de seguridad jurídica para que los negociadores actúen libre y tranquilamente, con acuerdos parciales y sin la pretensión de la negociación total, para que no sea un proceso demorado y se estimule la confianza entre las partes.
Agrega que para que esta Política de Estado sea transversal, prioritaria e integral, la participación de alcaldes y gobernadores será fundamental porque conocerán de primera mano lo acordado por el Gobierno nacional y podrán entrar a hacer los desarrollos territoriales coherentes, pertinentes y oportunos, con la articulación del Alto Comisionado de Paz.
Las zonas de ubicación temporales son necesarias y, como éstas, habrá prerrogativas que serán criticadas. Fajardo Landaeta dice que habrá sapos que tragar, pero que existe la suficiente normatividad que dice hasta dónde se puede ir: no es posible hablar hoy de indultos y amnistías, pero a las bandas criminales, por ejemplo, se les puede ofrece penas alternativas de cinco s ocho años, a cambio de entrega de activos para reparar a las víctimas y, especialmente, el compromiso de responder con verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición.
Fajardo Landaeta está convencido de lo complejo de este proceso de “Paz Total”, pero mucho más en que hay que creer en él, porque la salida militar es inviable.
