Jorge Enrique Vélez G.
Luego de la emoción que genera en la sociedad colombiana la liberación de cualquiera de los secuestrados, no podemos quedarnos en esos momentos de alegría pasajera, cuando siguen en la selva cientos de compatriotas sometidos a la peor humillación que puede padecer un ser humano.
La mayoría de colombianos que hemos apoyado sin condicionamiento alguno la política de seguridad democrática dirigida por el presidente Álvaro Uribe Vélez, no debemos caer en la trampa ni podemos mirar pasivamente el desarrollo de relaciones epistolares que, un grupo de personas –algunos de buena fe y muchos con intereses politiqueros y electorales-, sostienen con el peor grupo criminal que tiene el mundo civilizado. La sociedad colombiana debe rechazar la posibilidad de abrirle espacios políticos a la organización guerrillera que revivió los campos de concentración.
Desde luego que deben existir posibilidades de reincorporación a la vida en comunidad, pero a través de los mecanismos de la ley de Justicia y Paz y no con Constituyentes ni negociaciones de nuevos “modelo de Estado” con terroristas que tanto mal le ha causado a la Nación por tantísimos años.
Ahora, más que nunca, debemos rodear al gobierno nacional y reiterar el llamado para no dejarnos meter en los reiterados juegos perversos de las FARC y quienes los secundan; ahora más que nunca, como sociedad, debemos presionar a las FARC para que liberen a todos los secuestrados sin condicionamiento y dilación alguna.
Hay alternativas distintas para la continuidad de la seguridad democrática sin desvirtuarse, donde la misma sociedad “juegue su partido” y defina hasta dónde se encuentra dispuesta a llegar en procesos con grupos criminales y al margen de la ley. En desarrollo del artículo 378 de la C.N. el pueblo debe determinar si excluye cualquier posibilidad de constituyentes y negociación de modelos de Estado o si está dispuesta a someterse a un co-gobierno con los mayores secuestradores del mundo.
Tal posibilidad no significa que no existan alternativas distintas a la militar. Para eso está la ley de Justicia y Paz, que permite verdad, justicia y reparación, donde las debilidades que señalan sus críticos pueden ser corregidas, para garantizar más severidad frente a los mal llamados grupos guerrilleros, para tranquilidad de las ONG’s.
Tomemos las riendas y definamos si las principales normas de la seguridad democrática las convertimos en políticas de Estado con rango constitucional. Así pues que juguemos el partido y dejemos las tribunas a otros.
