Las propiedades que requieren los entes públicos inexplicablemente adquieren unos valores inusitados cuando van a ser adquiridos. La sola intención que expresa el administrador de un municipio o de un departamento de comprar un bien inmueble le trae aparejado una supervaloración inexplicable. Los ejemplos pululan:
Por escritura número 213 de 9 de julio de 2009 de la Notaría Única de Amagá, este Municipio adquirió a la Corporación Viviendas Unidas Corvidas, cuyo representante legal es Carlos Andrés Moreno Roldán, un lote de terreno de 12.054 metros cuadrados en el paraje urbano El Carretero, por la no despreciable suma de 783 millones 510 mil pesos. Es decir, que el metro cuadrado costó, en la salida de Amagá para el municipio de Titiribí, la suma de 65 mil pesos y la cuadra a 416 millones de pesos. Más caro que en Llano Grande (Rionegro).
El lote, en mayor extensión, había sido adquirido por la Corporación citada el pasado 16 de abril por la suma de 60 millones de pesos, según consta en la escritura 119 de la misma Notaría de Amagá. Digo en mayor extensión porque lo adquirido por la Corporación de Viviendas Unidas, Corvidas por 60 millones de pesos fueron 22.528 metros cuadrados y escasos tres meses después le vendió al Municipio de Amagá algo más de la mitad con una ganancia del 2.410%. Afirman los que conocen del tema, que el lote adquirido por Amagá realmente no puede costar más de 150 millones de pesos, valorándolo generosamente.
El diputado Rodrigo Mesa tiene anunciado un debate en la Asamblea de Antioquia al respecto. Esperamos que allí también se explique cuáles fueron las entidades oficiales que ayudaron a financiar la adquisición de tan costoso lote para construir vivienda popular y las personas que figuran detrás de la negociación.
Pero no es la única historia que conozco sobre estos temas tan álgidos y preocupantes. En septiembre 24 de 2005, por escritura 320 de la Notaría Única de Frontino, Pablo Antonio Gómez adquirió una finca de 51 hectáreas en ese municipio por la suma de 27 millones de pesos y cuatro años después, sin que existan motivos para una valorización extraordinaria sobre la propiedad y en plena crisis económica, la finca la adquiere Frontino por 383 millones de pesos para construir en ella un relleno sanitario. Esta transacción está contemplada en la escritura 138 de abril 1° del presente año, cebrada en la misma notaría citada últimamente. Predios limítrofes con el de la negociación, en transacciones por la misma época, tuvieron precios muy inferiores.
No quiero recorrer el fácil expediente de pensar que son simples actos de corrupción. Es posible que entre vendedores y avaluadores estén engañando a los municipios. Puede suceder que los alcaldes son malos negociantes y los vendedores habilidosos embaucadores, pero los organismos de control y la Fiscalía sí deben indagar lo que pasa en estos casos y encontrar a los responsables de estos posibles desangres a los fiscos municipales.
Notícula 1– La ejecución presupuestal del Departamento de Antioquia en todas sus dependencias es muy lamentable y ya no existe la disculpa de que es el primer año de gobierno. Además los cogió la Ley de Garantías y la parálisis en la Administración agravará las cosas: La Gerencia de Servicios Públicos, la encargada del famosísimo Plan de Aguas, a 30 de septiembre llevaba ejecutado su presupuesto de inversión en un 8,24%, cuando debería llevar, como todas las entidades oficiales, un 75%. La Secretaría de Infraestructura Física, la responsable de vías y puentes, tiene a esa misma fecha una ejecución presupuestal del 42,04%. La Fábrica de Licores de Antioquia un 16,25%, eso sí, en funcionamiento, esta misma dependencia es la más aconductada, se ha gastado el 84,31%. La Secretaría de Agricultura, a 30 de septiembre, ha ejecutado el 56,52% de su presupuesto de inversión. Los datos son oficiales. Alguien dijo: “Con razón se quejan los alcaldes. Éstos no son sino avisos de prensa”.
Notícula 2. Sinergia Informativa, un noticiero radial serio y objetivo, que dirigen los periodistas Mabel López y Roger Vélez, ha perdido toda la pauta oficial. Asfixiar económicamente un medio es gravísimo para la libertad de prensa.
