¿Recuerda, amable lector, que en esta misma columna le había contado de la creación de la Fundación para el Buen Gobierno por parte del Gobierno departamental a través del Instituto Politécnico Jaime Isaza Cadavid y del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA? ¿Recuerda mi denuncia acerca de que esa Fundación había sido creada para burlar la Ley de Contratación Administrativa y la Ley 617 del año 2000? ¿Recuerda que les conté que de la Junta Directiva de esa Fundación hacían parte funcionarios de la Gobernación y personas muy cercanas al gobernador Ramos Botero? ¿Recuerdan que también dije que la brillante idea había salido del señor Contralor de Antioquia?
Pues bien. Luis Fernando García Monroy es un joven ingeniero que cualquier día fue requerido por la Fundación como interventor en la construcción de una unidad Polideportiva en el municipio de Santa Rosa de Osos, allí cumplió su labor con eficiencia y responsabilidad. Estando en estas recibió el ofrecimiento de un cargo público. Para ocupar la nueva posición le exigieron acreditar alguna experiencia y recordó que le podía servir su labor con la Fundación para el Buen Gobierno. Fue así como solicitó por escrito le expidieran copia del contrato celebrado por él con la Fundación y la certificación respectiva. Cuál no sería la sorpresa cuando le certificaron que había trabajado con la Fundación no solo en el contrato dicho, sino en otro, concretamente realizando una interventoría técnica y administrativa para la construcción de Infraestructura integral a la Primera Infancia en el municipio de Segovia por un valor de 27 millones 160 mil pesos. Como es obvio, este último contrato no obedece a ninguna realidad y es absolutamente falso a no ser que exista otra persona con el nombre de Luis Fernando García y tenga su mismísima cédula de ciudadanía. Cosa algo improbable. En mi poder reposa copia del contrato que García niega haber firmado y ejecutado.
La Fundación para el Buen Gobierno (¡Qué ironía ese nombre!), ya tiene varias réplicas en algunos municipios de Antioquia. El mal ejemplo cunde, pero algún día nos ocuparemos de ese tema. Lo cierto del caso es que ya las autoridades judiciales tienen en su poder los contratos y la valerosa queja del suplantado. ¿Será este el único caso, fuera del problema macro de contar la administración con una celestina para burlar la ley de Contratación Administrativas? ¿No será posible que el grupo élite de la Policía conformado esta semana para combatir la corrupción inicie en Antioquia sus indagaciones por esta Fundación?
Preocupantes también las preferencias que se vienen presentando en las adjudicaciones de contratos de obras en la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento y en algunos casos adjudican saltando matorrales, como en el contrato para construir el Malecón de las Américas, fase 1, en el municipio de Necoclí. La obra fue adjudicada a un consorcio que adjuntó un documento “que carece de realidad material y formal, por lo tanto se constituye en su integridad en un documento carente de validez jurídica”, según lo certificó quien supuestamente acreditó parte de la capacidad e idoneidad técnica del beneficiado con la obra. En otras palabras, el documento que la firma ganadora hizo valer para acreditar parte de su idoneidad y su capacidad técnica estaba, según quien lo expidió, adulterado. Obvio que este incidente también tiene una historia larga que compromete al certificante, como mínimo por actuar ligeramente. Todo el episodio lo conocen las autoridades competentes, de quienes los antioqueños esperamos eficiencia y justicia oportuna.
Son apenas perlas de lo que considero una conducta reiterada, que debe preocupar a los antioqueños y pellizcar a los organismos judiciales y de control.
