Duramente criticado resultó el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez, debido a su ausencia en el Concejo de la ciudad, durante la sesión dedicada a los defensores de los derechos humanos. Según el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, es inadmisible que no haya asistido el titular de la cartera con mayor compromiso y responsabilidad con las políticas que permitan la protección de quienes diariamente se exponen en nombre de la vida, la libertad, la intimidad, el buen nombre, el trato digno y demás derechos fundamentales de sus conciudadanos.
Igualmente lamentó la ausencia de la Procuraduría y de la Fiscalía porque -asegura- el tema de los derechos humanos sólo se puede abordar con eficacia desde la institucionalidad.
El concejal Echeverri asegura que Medellín es la ciudad donde puede ser más complicado ejercer el oficio de defensor de los derechos humanos, porque es donde hay mayor número de desmovilizados, de bandas delincuenciales, mayor porcentaje de negocios del narcotráfico y, entre otros generadores de violencia, más número de armas amparadas e ilegales. En consecuencia –dice- es la ciudad donde más se vulneran los derechos humanos y más se atenta contra los defensores de los mismos.
Nicolás Albeiro Echeverri afirma que Medellín necesita un secretario de Gobierno comprometido, coherente con la política de seguridad del alcalde, y no uno que esté desvirtuando acciones positivas como las emprendidas por la policía contra la trata de personas, por ejemplo, con declaraciones sobre presuntos oportunismo y politiquería de los concejales que se han preocupado por la seguridad de la ciudad.
Insiste en que no hay responsabilidad en un Secretario que con sus comentarios confirma que las supuestas paz y tranquilidad vividas durante la alcaldía de Sergio Fajardo -y que hoy se ha alterado con cifras y estadísticas verdaderas que han llevado al Presidente de la República a enfrentar el problema directamente-, se debieron a pactos internos con jefes paramilitares.
Dijo, además, que no se compadece con el alcalde Alonso Salazar Jaramillo, quien se ha destacado por ser un defensor y un promotor de los derechos humanos, que la institución, a través de la Secretaría de Gobierno, no haya estado en el debate.
En síntesis –recalca el concejal conservador- la ausencia del Secretario de Gobierno, particularmente en un contexto de violencia e intranquilidad como el de Medellín, es un desacato al Concejo y un indicador de la falta de compromiso con la protección de la vida, la honra y los bienes de sus conciudadanos, y con la defensa y promoción de los derechos humanos.
Reconoció Echeverri Alvarán la importancia de la inversión de recursos que ha hecho la Secretaría de Gobierno mediante convenios con la Oficina de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, pero dijo que no es suficiente porque “no es una política que le permita a la administración del alcalde Salazar tener claridad en los procedimientos para evitar la estigmatización y garantizar la protección a las organizaciones defensoras de derechos humanos, legalmente constituidas”.
Por eso pidió a la Alcaldía y al Concejo pronunciarse y, especialmente, les solicitó como institucionalidad, rodear a los defensores de derechos humanos, igual que la institucionalidad ha solicitado a la ciudad su apoyo cuando se ha sentido amenazada.
“Llegó la hora de que la municipalidad estructure un plan con programas que protejan, fortalezcan y promocionen a los ciudadanos y organizaciones dedicadas a esta tarea”, afirmó el concejal conservador.
