Por: Rubén Darío Barrientos
Acaba de radicarse un proyecto de ley –cero y van cuatro veces- que busca que los conductores bebidos o embriagados vayan a la cárcel, independientemente de que queden regados heridos o muertos en un accidente. Bastará que la prueba técnica de alcoholemia registre niveles prohibidos en un operativo, para que se tipifique el delito. Se habla en principio de uno a seis meses de “guandoca” y de que cuando se dé la reincidencia (de la segunda vez para arriba), se elimine la opción de casa por cárcel. El mensaje es claro: si va a tomar, coja taxi o separe conductor elegido.
El reciente caso Salamanca, tristemente recordado por ser el apellido del irresponsable que a 160 kilómetros por hora, borracho grado tres y con un flamante Audi como proyectil, causó en Bogotá el homicidio de dos jóvenes mujeres ingenieras que habían trabajado hasta la una de la madrugada porque salían a vacaciones y dejó con irreversibles lesiones en la columna al conductor del taxi que recibió la barbaridad del impacto, prendió las alarmas y llenó de bronca al país. Desde luego que tras ese evento letal, ha habido muchos más en Colombia, pero ese incidente “mojó” prensa, radio y televisión.
Por eso sorprende que ni Abelardo De la Espriella, ni Jaime Lombana, ni Jaime Granados ni Mario Iguarán, -¿Cuál de todos más mediático?-, sea el abogado o bien de Salamanca, o bien de las dos damas fallecidas o bien del conductor. Un profesional del Derecho con alguna resonancia –William Adán Rodríguez-, pero sin las charreteras de los del ranquin nacional de “pantalleros”, “mostrones” y descomunales para cobrar, es el abogado de Salamanca. Ya salió con la perlita de hacer aplazar indefinidamente la audiencia de imputación de cargos, so pretexto de que su cliente tiene “estrés agudo”.
Es evidente que luego de un accidente dramático y con muertos, el sindicado quede traumatizado. Con ese argumento, nunca se podría llevar a cabo una audiencia de éstas, tras un insuceso similar. Y las hacen. Pero en este caso, con repudio nacional, apareció la rabulada para ganarse un tiempo. Tras ingerir cinco vasos de tequila, según la versión que se difundió, marcar grado máximo en la alcoholemia (más de 150 miligramos de etanol) y rodar a una brutal velocidad tipo autódromo, el inconsecuente Salamanca ha demostrado que su depresión o estrés es más por la forma en que chatarrizó su Audi que por otra cosa. Suena duro, pero es así.
Hablé al comienzo de una nueva radicación del proyecto de ley que busca endurecer los castigos y las penas (léase cárcel y dolo eventual, no culposo). Pues bien, la última vez que se intentó, se hundió dicho proyecto de llevar a la penitenciaría a los conductores ebrios, por un miserable voto (45 a 44). Estuvo 22 veces en el orden del día en las plenarias, en sus fases de intento. Los que se opusieron, decían brillanteces como éstas: “No, porque llevar a una persona a la cárcel, es dañarle la hoja de vida” (Representante Humphrey Roa); “No, porque habría que castigar también a los que venden trago” (Representante Juan Carlos Salazar). Y ni siquiera se sonrojaron.
Pero la perla mayor es la siguiente: “No, porque no cabrían en las cárceles los nuevos detenidos” (Representante Germán Navas Talero). Con ese argumento, entonces que no vuelvan a judicializar, ni a reprimir el delito, ni a castigar a nadie, ni a imponer condenas. Mejor dicho, doctor Navas, ¿Lo que usted quiso decir, fue que no había cárcel pa tanta gente? ¡No fregués ole! En Colombia hay cada 9 minutos en promedio un accidente con borrachos al timón. Puros tragos de populismo, los que se argumentan de manera tan baladí. Déjele al Estado la construcción de mazmorras. Su problema es otro. Salvemos vidas, por favor. ¡Que esta vez sea la vencida!
