No obstante las imputaciones hechas por la Contraloría General de la República a 28 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las irregularidades en la contratación y ejecución de Hidroituango, las cuales generaron un detrimento de 4.1 billones de pesos, algunas personas insisten en calificar de caprichosa la decisión de EPM de solicitar una Conciliación Prejudicial frente al diseñador, el constructor y el interventor, también imputados por la Contraloría.
A propósito de la Audiencia de Conciliación Prejudicial que se realizará este viernes, 11 de diciembre, el vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, Alexánder Sánchez Pérez, reitera que con ella la Empresa “privilegia los escenarios de diálogo, pero también propende porque los contratistas honren sus compromisos y culminen a tiempo el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, imprescindible para el desarrollo energético del País”.
Recuerda que Hidroituango aportará 2.400 megavatios de energía al País cuando esté en funcionamiento y genera 11.200 empleos directos.
Alexánder Sánchez Pérez explica que EPM tiene el deber constitucional y legal de defender el patrimonio público, el cual sufrió serios menoscabos a causa de la contingencia del 28 de abril de 2018. En consecuencia, dice que la Empresa ha sido diligente en hacer efectivas las pólizas de seguros, de las cuales ya le han desembolsado 250 millones de dólares. Además, considera que no es inoportuno ni infundado desplegar los mecanismos extrajudiciales y judiciales pertinentes para establecer y solicitar la declaratoria de responsabilidad de los contratistas del Proyecto.
“EPM ha ejercido una carga especial de previsión para evitar la caducidad de las acciones judiciales. Asimismo, ha tenido en cuenta todas las pruebas e indicios que apuntan hacia una posible responsabilidad del diseñador, el constructor y el interventor, por incumplimientos contractuales que generaron la contingencia. Tales evidencias también han llevado a la Contraloría General de la República a proferir cargos contra los contratistas en un proceso de responsabilidad fiscal”, precisa, agregando que EPM está legitimada para convocar al diseñador, al constructor y al interventor a esta controversia litigiosa, porque son contratistas y no subcontratistas del Proyecto.
Haciendo esta claridad, el Vicepresidente de Asuntos Legales de EPM se pregunta: “¿Podría EPM abdicar de la defensa del patrimonio público y claudicar en su reclamo?”
El Funcionario aclara que EPM no pretende difamar a los contratistas, pero cree que es decente y transparente con la opinión pública del País que sepa la verdad sobre los hechos que rodearon la contingencia de 2018 y que los jueces de la República atribuyan las responsabilidades a quien corresponda.
Previo a la Audiencia de Conciliación Prejudicial que se llevará a cabo este viernes, 11 de diciembre, Alexánder Sánchez Pérez insiste en que EPM tiene la férrea voluntad de poner sobre la mesa fórmulas de composición que garanticen el patrimonio público de los antioqueños y la puesta en funcionamiento oportuna del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
