Después de agotar todos los espacios de diálogo y todas las instancias y procedimientos legales establecidos para procurar la salida voluntaria de 404 personas que hoy ocupan en calidad de invasores algunos de los predios destinados a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, las autoridades competentes desalojaron los este miércoles, 15 de abril, para realizar la restitución efectiva de los mismos.
El 16 de abril de 2003, el Ministerio de Minas y Energía promulgó la Resolución 050, que declaró de utilidad pública e interés social el área del proyecto. Con esta decisión quedaron congeladas las transacciones entre particulares, con el fin de proteger a los legítimos propietarios y poseedores de inmuebles, para evitar que fueran engañados por personas inescrupulosas.
La fecha de expedición de esta declaratoria marcó también el límite entre las familias y personas que tenían o no derecho a alguna de las medidas establecidas para la restitución integral de sus condiciones de vida.
Durante los años 2002 y 2003, EPM realizó los censos mineros y socioeconómicos, y en 2004 actualizó la información con la cual se elaboró la caracterización socioeconómica de las familias registradas en la base de datos.
A comienzos de 2005, con la intermediación de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, y con la participación de los alcaldes y personeros de Amalfi, Anorí y Guadalupe, EPM abrió un proceso de reclamaciones mediante el cual se recibieron aproximadamente 1.700 reclamos. En total, 18 personas demostraron con objetividad y veracidad sus derechos y quedaron incluidas en la base de datos para obtener la restitución integral de sus condiciones de vida.
EPM adquirió los predios necesarios para la construcción del proyecto, entre ellos La Bramadora, en el municipio de Guadalupe, y Territorio, El Tapao, La Primavera y El Salado, entre otros, en Anorí. Pese al cumplimiento de este proceso y a la declaratoria de utilidad pública, las tierras adquiridas por EPM fueron invadidas por personas que llegaron tardíamente a la zona en busca de indemnizaciones.
En algunos de esos lotes, que están destinados al servicio público de generación de energía, se están ejerciendo de manera ilegal actividades de explotación de yacimientos mineros y de otros materiales, atentando contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El 8 de enero de 2009, mediante la Resolución 002 de la Secretaría de Gobierno de Anorí, se ordenó el cese de la actividad minera y el desalojo de los inmuebles de propiedad de EPM. Contra esta Resolución, los mineros interpusieron los recursos de reposición ante la misma Secretaría de Gobierno, y de apelación ante el Alcalde Municipal, recursos que fueron resueltos negativamente, confirmando la decisión de primer grado. Resoluciones similares a la anterior, en el sentido de ordenar los desalojos, se han producido por parte de las autoridades de Amalfi y de Guadalupe.
