Por: Jorge Gómez Gallego
El gravamen de valorización, además de odioso, antipático, anti – técnico, regresivo e inequitativo, había sido derrotado por las movilizaciones ciudadanas en Medellín y desde el año 2000 se encontraba virtualmente sepultado.
Pero la administración fajardista y amiga de los especuladores del suelo de Alonso Salazar, lo revivió mediante el Acuerdo Municipal # 58 de diciembre de 2008, el cual lleva la firma de Salazar, del actual Gerente del IDEA, a la sazón Secretario de Hacienda del Municipio, Mauricio Pérez y de Federico Gutiérrez, quien fungía como Presidente del Concejo y hoy aspira a la Alcaldía de Medellín.
Salazar no usó la valorización. Prefirió esperar que pasara sin mucho escándalo la resurrección del Frankestein, pero impulsó con ahínco la candidatura de Aníbal Gaviria para sucederlo. Una vez elegido, decidió soltar el monstruo para que se alimente con los ingresos de los habitantes del Poblado, el Perpetuo Socorro, Guayabal, San Diego y la Loma del Indio.
El gravamen como lo llaman sus defensores, o impuesto, que es como debería reconocerse, consiste en cobrar a los ciudadanos por una supuesta valorización resultante de obras ejecutadas por el Estado. En este caso se trata de 24 obras viales para mejorar la movilidad en el sector del Poblado, por un valor cercano a los $ 400.000 millones de pesos.
Y cuando califico de supuesta a la tal valorización lo hago con la convicción que la inmensa mayoría de los afectados no tienen una propiedad como negocio sino para vivir en ella; al tenerla entonces como bien de uso, con el aumento de su valor, si es que se llegase a producir, no se ganan nada, simplemente pagarán para seguirla usando.
Pero vamos más allá y hagamos el siguiente ejercicio: si alguien tiene un apartamento de 100 M2, ubicado en una de las transversales del Poblado, que le costó $ 250 millones y con las obras llega a valer $ 325 millones, incrementando su precio en un 30%, caso absolutamente improbable, pero admisible en aras de la discusión, solo obtendrá esa “ganancia” si vende el apartamento. Y si lo vende, deberá comprar otro de similares características y ubicación si quiere mantener el nivel de vida que lleva, lo cual implica comprar otro apartamento que también se “valorizó”, lo que quiere decir simplemente ¡que no se ganó nada! Compró el premio mayor de la lotería, pero no le pagaron ni la última cifra.
En todos los debates sobre el tema con los alcabaleros funcionarios fajardistas de antes y de ahora, he sostenido que cobrar valorizaciones sobre bienes de uso es absurdo y anacrónico, porque además es un cobro que no consulta para nada la capacidad de pago. Muchos de los que hoy son víctimas de este cobro son profesionales de ingresos medios, endeudados con los bancos, que lo que están haciendo es un sacrificio enorme para tener una vivienda digna.
Algo similar sucede con aquellos que tienen en sus propiedades empresas para producir bienes industriales o servicios. Al ser víctimas de la supuesta “valorización”, resultan con un activo más costoso, que además de la pintoresca valorización, los obliga a pagar más impuestos y a bajar la rentabilidad.
Haber soltado este Frankestein resulta aún más absurdo cuando existe la ley 388 de 1997, la cual permite el cobro de plusvalía, impuesto que resulta, para el efecto de financiar obras viales y de infraestructura, más técnico y equitativo. Consistente en que el aumento del valor del suelo obtenido en virtud de disposiciones oficiales u obras de infraestructura realizadas por el Estado, permite el cobro a los beneficiarios del aumento, de una parte de ese mayor valor, pero únicamente en el momento de vender o tramitar una licencia de construcción.
Pero en Medellín no se ha cobrado en estos 17 años ni un solo peso de plusvalía. Expertos consideran que en la capital de la montaña se ha generado, desde que existe la ley, una plusvalía cercana a los $ 10 billones de pesos, dinero que se han embolsillado olímpicamente los especuladores del suelo urbano, muchos de ellos asociados o dueños de grandes firmas constructoras, quienes en compañía de los monopolios financieros promueven los grandes proyectos de centros comerciales, complejos de oficinas o de vivienda. ¿Porqué no se ha cobrado? pues porque las últimas administraciones municipales tienen puesta de manera apasionada la camiseta de esos auténticos parásitos, los ricos de verdad – verdad de la ciudad.
No pagan un peso los que se han beneficiado del mayor valor del suelo, cuyos funcionarios y abogados pasan gran parte de su tiempo en las notarías comprando, vendiendo e hipotecando propiedades o en las curadurías tramitando licencias. Sin embargo, las víctimas de los bancos, los ciudadanos que obtienen sus ingresos del trabajo, pagan todo el valor de las obras. A propósito, ¿Cuánto pagó por plusvalía la constructora Lérida CDO por la valorización de los lotes en los que construyó los malhadados proyectos que han causado muertos, despojados y avergüenzan a la ciudad? ¿Cuánto pagaron por el mismo concepto los propietarios de Pintuco o la Constructora Fajardo Moreno por la construcción del Centro Comercial Premium Plaza? Tengan la certeza que la respuesta es, ni una moneda partida por la mitad.
Si el Frankestein de la valorización fue resucitado y posteriormente liberado para depredar ingresos de los ciudadanos, los ciudadanos deberán enfrentarlo con movilización y desobediencia civil. Es imperativo y urgente frenar este desastroso modelo urbanístico.
