La juez 11 Civil Municipal de Medellín, Laura María Vélez Peláez, le dio dos días al Partido Centro Democrático para que aclare la decisión tomada por el Consejo Departamental de Ética, Disciplina y Transparencia de Medellín de la Colectividad, mediante la cual sancionó a los concejales Albert Corredor, María Paulina Aguinaga, Nataly Vélez y Lina García, quitándoles la facultad de votar en las sesiones del Concejo de Medellín durante los próximos 18 meses.
Los concejales sancionados en primera instancia se pronunciaron sobre la decisión
del Consejo de Ética y Disciplina, aduciendo ambigüedad, razón por la cual interpusieron una acción de tutela en busca del amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegidos, la cual fue resuelta por el Juzgado 11 Civil de Medellín.
La sanción se debe a que los cuatro concejales no acataron la decisión de los otros cuatro miembros de la bancada de Centro Democrático que aprobaron el día 9 de noviembre de 2021, que el concejal Simón Molina debía ser el candidato a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Corporación para el período enero a diciembre de 2022. En dicha reunión, que se conoció como el “Pacto de Chuscalito”, los cuatro concejales de la bancada sancionados propuesieron que la candidata debía ser María Paulina Aguinaga, en desarrollo del derecho a la equidad de género. Esta propuesta de los concejales Corredor, Aguinaga, Vélez y García llevó a que, a la postre, la Presidencia de la Mesa Directiva del Concejo quedará en el Partido Conservador con el concejal Lucas Cañas.
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La sanción impuesta por el Consejo Departamental de Ética, Disciplina y Transparencia de Medellín está contemplada en el artículo 127 de los Estatutos del Partido Centro Democrático, lo que implica la limitación administrativa o prohibición para desempeñar cargos en los órganos del Partido o en representación de este, por un período de 18 meses a partir de la fecha de la expedición de la sanción.
