Seguridad y Orden Público

El personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas, anuncia una actividad académica de capacitación en derechos humanos y derechos constitucionales para los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- de la Policía Nacional.

El personero Rodrigo Ardila conformó una Comisión Verificadora que estará atenta a todos los pormenores que se puedan presentar en el proceso de excavación y búsqueda de los cuerpos posiblemente enterrados en La Escombrera, desde hace más de 12 años. El Personero pretende que esta Comisión de la Oficina del Ministerio Público que dirige, esté presente durante todo el proceso para que garantice la real materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas.

Augusto Posada asegura que El Fondo Nacional del Ahorro hará un gran aporte al posconflicto cuando eventualmente el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos firme un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Lo hará en cumplimiento de su misión, la cual está íntimamente ligada a la materialización del concepto de justicia social, que supone la terminación de las razones para tomar las armas en contra del Estado.

La candidata al Concejo de Medellín por la ASI, Sonia Vásquez, manifiesta preocupación por la discriminación de que siguen siendo objeto las mujeres, pese a los esfuerzos del Estado y de entidades privadas. Recuerda que las mujeres siguen siendo utilizadas como botín de guerra y agredidas en su propio entorno.

El único camino posible que tiene Colombia es hacia la paz. La guerra por más de medio siglo que han sufrido los colombianos, ha dejado más de 250 mil muertos. “A las víctimas mortales de esta guerra se les suman los más de 6 millones de desplazados, lo que nos convierte en el segundo país del mundo, después de Siria, con el mayor número de personas que deben dejar sus tierras y hogares para proteger sus vidas”, dice el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán.

El Tribunal Administrativo de Antioquia les concedió la razón al concejal Roberto Cardona y a todos los que se opusieron permanentemente a la medida policiva que restringía el transporte en moto del parrillero hombre, en jurisdicción de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. La medida ya había sido declarada nula en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, en septiembre de 2014, pero la Administración de Aníbal Gaviria Correa la apeló ante el Tribunal Contencioso Administrativo, razón por la cual la medida puesta en marcha desde julio de 2013, seguía vigente.

Con el propósito de fortalecer los alcances prácticos de la acción de tutela, de cara a la protección de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma a este mecanismo constitucional.

Las excavaciones en La Escombrera son un para la Fiscalía en la investigación para dar con los responsables e iniciar los procesos penales que impidan que los delitos conexos queden en la impunidad, porque la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe y, por tanto, habrá lugar a la terminación de las investigaciones para la judicialización y sanción penal para los responsables.

585 internos de El Pedregal de Medellín serán ubicados en la Fase de Tratamiento Penitenciario para que puedan empezar a redimir sus penas con trabajo, estudio y enseñanza. En estos momentos, estos 585 internos están estancados en la Fase de Diagnóstico y Observación porque el INPEC no cuenta con los recursos necesarios para evaluarlos y permitir su paso a la Fase de Alta Seguridad. Por eso es tan importante la labor que comenzó a hacer la Décima Brigada Jurídica de la Personería de Medellín.

El concejal Roberto Cardona insiste en que la restricción del parrillero hombre no resuelve los problemas de seguridad y accidentalidad de Medellín. Lo que hacen las autoridades con esta prohibición y con la persecución permanente a los motociclistas y sus pasajeros, es convertirlos en sujetos de discriminación, vulnerándoles derechos fundamentales como el de la igualdad, el de la libre circulación, el del trabajo y el del debido proceso.