Agencia Virtual de Prensa –AVP-. “¿Tendrán los candidatos a la Alcaldía de Medellín previsto en sus Programas de Gobierno la construcción de una nueva cárcel para sindicados?”, se pregunta el personero Rodrigo Ardila Vargas, a propósito de la obligación de cumplir la Ley 1709 de 2014, la cual modificó algunos artículos del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993).
La pregunta le surge al Jefe de la Agencia del Ministerio Público al dar a conocer los resultados de la investigación realizada por la Personería de Medellín durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y que están contenidos en el libro “Privación de la libertad en los establecimientos de Medellín”, presentado este miércoles, 9 de septiembre, en el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
“Es que la Ley 1709 de 2014 dice que es una responsabilidad de los entes territoriales la disposición de centros de reclusión para el tratamiento de las personas privadas de la libertad de manera preventiva. O sea, mientras se les define su situación jurídica, porque los establecimientos del INPEC sólo deben albergar a los condenados”, explica el Personero, convencido de que de esta manera se podrá empezar a solucionar el problema de hacinamiento y la consecuente violación de derechos humanos en las cárceles Bellavista y El Pedregal.
El hacinamiento en Bellavista -que es del 180 %- y en El Pedregal -que es del 84 %-, además de la aglomeración en las celdas primarias -que tienen espacio para 50 personas pero reciben a 750-, son causa de la vulneración de derechos humanos e indignidad de los internos que quedaron manifiestas en el libro “Privación de la libertad en los establecimientos de Medellín”, resultado de la investigación que realizaron Luz Marina Acevedo Jaramillo, abogada de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, y Juan David Posada Segura, fundador y Vicepresidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos – ICDH-.
“Este libro se convierte en el portavoz de los internos de Bellavista y El Pedregal frente a la mala calidad de los servicios ofrecidos por el INPEC y su situación real en materia de hacinamiento; trabajo, estudio y enseñanza; salud; y alimentación. Es el resultado de las encuestas que durante cinco años realizamos en los mencionados centros penitenciarios, y que muestran la vulneración de derechos sufrida en carne propia por los propios internos. La percepción es la misma año tras año: no mejora, y en cambio, tiende a empeorar”, dijo la abogada Luz Marina Acevedo.
Por mencionar sólo el servicio de salud prestado por Caprecom, como ejemplo, el 4.5 % de las personas encuestadas lo califica de bueno, el 12.5 % como regular y el 80.3 % como malo.
“Este libro nos permite visibilizar la problemática y sirve de herramienta para que el Estado tome de una vez por todas la decisión de cambiar el sistema penitenciario y carcelario para acabar con la violación de derechos humanos”, afirma el personero Rodrigo Ardila, quien cree que un primer paso positivo está en el próximo Alcalde de Medellín, si decide acatar la Ley 1709 de 2014.
