El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, obtener nuevos ingresos y promover el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.
El proyecto, cuya exposición de motivos atribuye el deterioro fiscal al crecimiento del gasto público y al aumento del endeudamiento, plantea un ajuste que combina medidas de austeridad, modificaciones al sistema tributario y mecanismos para atraer capital nacional y extranjero.
La propuesta está estructurada alrededor de seis pilares: reducción del gasto del Estado; devolución del IVA y obtención de ingresos; estímulos al crecimiento económico, la inversión y el empleo; atracción de capitales; fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, y mayor capacidad de administración y control tributario de la DIAN.
Reducción del gasto público y reorganización del Estado
Uno de los componentes centrales del proyecto es la racionalización del gasto público. Para ello, propone facultar al Ministerio de Hacienda para aplazar o reducir asignaciones presupuestales de 2027 relacionadas con transferencias que no cuenten con concepto favorable del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), por razones como duplicidad, impacto fiscal o falta de cumplimiento de sus objetivos.
También plantea trasladar al Tesoro Nacional los excedentes de liquidez de los fondos especiales, con excepción de los recursos destinados a los sistemas de salud y pensiones y otras prestaciones de la seguridad social.
La iniciativa crea un programa para evaluar la pertinencia de las leyes que ordenan gastos públicos, las rentas de destinación específica y los fondos especiales, con el propósito de identificar duplicidades, programas que hayan cumplido su finalidad y gastos que puedan racionalizarse.
Adicionalmente, solicita facultades extraordinarias al Presidente de la República, por seis meses, para reorganizar la administración pública nacional, lo que incluye la posibilidad de suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos y otras entidades, así como reasignar funciones y modificar plantas de personal.
En materia de austeridad, propone que los gastos de personal de las entidades del Presupuesto General de la Nación, excluida la Fuerza Pública, disminuyan nominalmente un 20 % en 2028. Para 2029 y 2030, su crecimiento no podría superar en 0,5 puntos porcentuales la inflación promedio proyectada.
También establece una reducción del 50 % en los costos asociados a la contratación de personal por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante 2027, frente a 2026.
EfectIVA: devolución del IVA según los ingresos
Otro de los componentes destacados es la creación de EfectIVA, un mecanismo de devolución monetaria del impuesto sobre las ventas (IVA), previsto a partir del primero de enero de 2028.
La propuesta busca que la carga efectiva de este impuesto tenga en cuenta la capacidad económica de los consumidores y no sea igual para todos los hogares, independientemente de sus ingresos.
Según las estimaciones del Gobierno incluidas en la exposición de motivos, 18,9 millones de personas de menores ingresos dejarían de asumir el IVA que actualmente pagan sus hogares. Otros 16,3 millones recibirían una devolución de hasta el 50 %, dependiendo de su nivel de ingresos.
El Ministerio de Hacienda estima que estas medidas beneficiarían a cerca de 35 millones de colombianos, mediante un esquema que pretende hacer más progresiva la tributación al consumo.
Cambios tributarios y nuevas fuentes de ingresos
El proyecto también propone revisar beneficios y tratamientos preferenciales del sistema tributario, especialmente aquellos que, según el Gobierno, favorecen a los hogares de mayores ingresos sin producir resultados suficientes en materia económica o social.
Entre las medidas se contempla reducir exenciones en el impuesto de renta de personas naturales de mayores ingresos, ampliar la base de contribuyentes y aumentar las tarifas para quienes reciben ingresos superiores a 50 millones de pesos mensuales.
La iniciativa plantea, además, modificaciones en la tributación de las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y actividades similares, cuya tarifa se propone fijar en el 30 %.
En materia de activos, incorpora mecanismos de normalización tributaria para bienes omitidos y activos digitales o criptoactivos, con el propósito de facilitar su incorporación a las declaraciones tributarias y mejorar la información disponible para la DIAN. Para los criptoactivos se contempla un impuesto de normalización por una única vez, correspondiente al año gravable 2027.
Menores impuestos para las empresas y estímulos a la inversión
En el componente de crecimiento económico, el Gobierno propone reducir la carga tributaria empresarial, con especial incidencia en las micro y pequeñas empresas que tributan en el régimen ordinario.
También contempla modificar el impuesto al patrimonio y eliminar el impuesto a los plásticos de un solo uso, como parte de una estrategia de simplificación tributaria y estímulo a la actividad productiva.
Para atraer grandes inversiones, el proyecto crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que contempla incentivos tributarios y aduaneros y mecanismos de estabilidad jurídica para proyectos de inversión nueva que cumplan los requisitos establecidos.
El régimen busca promover inversiones productivas, encadenamientos con proveedores nacionales y locales y generación de empleo. Sus beneficios estarán condicionados al cumplimiento de compromisos verificables.
La propuesta incluye, igualmente, medidas para facilitar la financiación de proyectos de inversión de departamentos y municipios, mediante ajustes a las disposiciones presupuestales y de endeudamiento territorial.
Fortalecimiento de la regla fiscal y control tributario
El proyecto plantea modificar la institucionalidad de la política fiscal para fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública, mejorar la transparencia de las decisiones presupuestales y establecer compromisos fiscales para cada administración.
Entre las medidas se propone establecer metas de balance primario neto estructural, una cuenta de control para hacer seguimiento a las desviaciones frente a esas metas y mecanismos de ajuste cuando la deuda pública alcance determinados niveles.
La iniciativa también contempla una cláusula de escape que permitiría apartarse temporalmente de las metas fiscales ante acontecimientos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica, bajo condiciones y procedimientos establecidos en el proyecto.
Finalmente, se proponen herramientas para fortalecer la capacidad de fiscalización de la DIAN, combatir la evasión y el contrabando y establecer reglas específicas para la tributación de activos digitales, entre otras medidas de control.
Un proyecto que deberá debatirse en el Congreso
El Gobierno sostiene que la combinación de reducción del gasto, nuevos ingresos, devolución del IVA y estímulos a la inversión permitiría estabilizar la deuda pública y proteger el ingreso de los hogares de menores recursos.
En sus proyecciones, la exposición de motivos estima que, para 2030, la iniciativa podría contribuir a aumentar la inversión en 50 billones de pesos, generar alrededor de 600.000 empleos adicionales o preservados y elevar el Producto Interno Bruto en 66 billones de pesos frente al escenario sin las medidas propuestas.
Estas cifras corresponden a estimaciones del Gobierno y no a resultados garantizados.
El proyecto de Ley de Rescate Económico abre, por tanto, una discusión sobre la manera de equilibrar las finanzas públicas, la distribución de las cargas tributarias, el tamaño y funcionamiento del Estado y las condiciones necesarias para estimular la inversión y el empleo.
Su alcance definitivo dependerá del debate democrático, el examen de sus disposiciones y las decisiones que adopte el Congreso de la República.
