Margarita Restrepo

La acción partidista requiere de una elevada dosis de disciplina y de compromiso de la militancia con los candidatos que presentan las colectividades. Si bien es cierto que en una democracia impera la libertad que les asiste a los ciudadanos para elegir a quien mejor les parezca, no menos lo es que los miembros de un partido deben ser coherentes y respetuosos de las decisiones adoptadas por la colectividad.

Continúa la farsa de la guerrilla de las Farc respecto de los niños que tienen reclutados a la fuerza en sus filas. Los jefes guerrilleros desde la comodidad de La Habana, anuncian, como si fuera gran cosa, la devolución de los menores de 15 años que, en sus palabras, están “refugiados” en los campamentos terroristas.

En los años 30 del siglo pasado, cuando los Estados Unidos decretaron la guerra frontal contra las mafias que azotaban los estados del norte de la nación americana, establecieron la denominación de “enemigo público número uno” para referirse al jefe del crimen organizado Al Capone.

Salimos a marchar con la consigna NO MÁS, porque no queremos que nuestro país siga transitando en medio de las tinieblas del desgobierno; dijimos NO MÁS, porque no estamos dispuestos a permitir que nuestra patria linda siga desplomándose por cuenta de la vanidad del doctor Juan Manuel Santos.

Las decisiones de la fiscalía en contra de la red de lavado de dinero de las Farc, particularmente la cadena de supermercados que fue recientemente incautada en el departamento de Cundinamarca, confirman que Santos permitió que el proceso con las Farc fuera, en la práctica, una monumental operación de lavado de dinero.

Es esperanzador que, con la Navidad, haya coincidido el inicio de la distribución de la anhelada vacuna contra el Covid-19, enfermedad que puso en jaque a la humanidad en este año que marcará para siempre la historia del mundo entero.

Han pasado cerca de 4 años desde la firma del acuerdo Santos-Farc, y la JEP no ha impartido una sola sentencia contra alguno de los miembros de la guerrilla. Me pregunto entonces, ¿en qué otros menesteres estarán enredados los magistrados de ese tribunal cuya única función consiste en “investigar” e imponer benignas sanciones a los cabecillas del terrorismo?

Si así son en campaña no quiero ni imaginarme cómo sería un gobierno de la organización que lidera Gustavo Petro que más parece una estructura delincuencial dedicada a violar todas las normas electorales y legales en aras de obtener el preciado premio mayor: la presidencia de la República.

En el Congreso de la República se está reglamentando un acuerdo que es ilegítimo y que desconoció el resultado de la convocatoria plebiscitaria del año pasado, cuando la mayoría ciudadana votó en contra del mismo.

Mucho se ha dicho y escrito desde que se conoció la tardía noticia de que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, decidió imputar a los cabecillas de las Farc por el delito de “toma de rehenes” que, en buen romance, es el secuestro extorsivo de particulares y miembros de la Fuerza Pública.