Margarita Restrepo

Esta semana se agitó el debate por cuenta de un proyecto de ley de mi autoría que busca ponerle límites a las cuentas falsas en las redes sociales, desde las cuales se profieren injurias, calumnias y amenazas. En el mundo contemporáneo, las redes desempeñan un papel de primera línea en la comunicación social. Gracias a la irrupción de plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, los ciudadanos pueden opinar con total libertad sobre los asuntos que les preocupa. Y el debate político, en buena medida, se ha trasladado a esos escenarios virtuales.

Una persona culpable por el robo de una bicicleta jamás podrá aspirar a un cargo de elección popular o ser nombrado en la administración pública. En cambio, personas de las Farc, incursas en delitos de lesa humanidad, quedaron amnistiadas de facto, con sus derechos políticos incólumes y ocupando espacios en el Congreso de la República.

El Centro Democrático, se consolidó como el partido mayoritario del parlamento y aquello nos da una mayor responsabilidad. Es obvio que como partido de gobierno, acompañaremos decididamente la agenda legislativa que nos proponga el presidente Iván Duque a partir del próximo 7 de agosto.

Secuestros masivos, ataques a las poblaciones, asesinatos de civiles, masacres, toma de aviones, campos de concentración en la selva, empresarios extorsionados, desplazamientos forzados, desempleo, depresión de la economía. Esa, a grandes rasgos, es la radiografía de la Colombia que el 7 de agosto de 2002 recibió Álvaro Uribe.

El sábado pasado -12 de febrero- fue el ‘Día de las manos rojas’, fecha en la que se exige el cese del reclutamiento forzado de menores por parte de organizaciones al margen de la ley. Esa ha sido una de las principales banderas de mi lucha política: velar por los derechos de miles de niños que han sufrido el peor de los delitos posible.

En asuntos de adultos, no pueden ser inmiscuidos menores que no cuentan con capacidad de discernir ni ponderar las consecuencias.

Nos corresponde rechazar vehementemente la propuesta de la Fiscalía General de la Nación que busca suavizar las penas a quienes incurran en delitos contra los menores de edad.

El discurso de odio que le oímos a Gustavo Petro y a sus compañeros ideológicos ha tenido un efecto demoledor en toda nuestra sociedad. Nunca antes, los colombianos habíamos registrado tal nivel de intolerancia y de rabia de unos hacia otros.

En los años 30 del siglo pasado, cuando los Estados Unidos decretaron la guerra frontal contra las mafias que azotaban los estados del norte de la nación americana, establecieron la denominación de “enemigo público número uno” para referirse al jefe del crimen organizado Al Capone.

Empieza el juicio contra el violador y feminicida Rafael Uribe Noguera y espero que esta fase del proceso que tendrá que enfrentar ese sádico sirva de oportunidad para que los colombianos entendamos que la defensa de los derechos de las mujeres, sin importar su edad o condición, es un asunto de singular relevancia.