Por: Gabriel Zapata
Los frecuentes y drásticos cambios climáticos, el incremento en la contaminación del agua y sus caudales, las inclementes deforestaciones y la escasez del agua en el mundo, por la cual se vaticinan confrontaciones futuras en los continentes, ha aumentado el desvelo de gobiernos, instituciones y de empresarios por el tema del agua potable y el saneamiento. Asuntos que ya no solamente involucran derechos fundamentales de primera y segunda generación como son la vida y la salud, sino que tocan con derechos de tercera y cuarta generación relacionados con el medio ambiente.
Consecuentes con la realidad de nuestro contexto local y teniendo en cuenta el Programa del Gobierno Nacional “Agua para la Prosperidad”, los alcaldes deberán enfocar sus acciones en materia de fortalecimiento técnico, administrativo y financiero; y en lo relativo con una óptima operación y prestación del servicio, en donde el ciclo del agua como se reconoce a la protección, cobertura, potabilización, distribución y tratamiento final del recurso hídrico, se constituye en asunto vital para obtener la calidad de vida y el desarrollo que precisan las comunidades.
Hay plena conciencia que pese a las buenas intenciones y a la inversión anunciada inicialmente por el gobierno de $17.599 millones para atender las necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico en el país, los recursos siempre serán exiguos e insuficientes para cubrir tal cantidad de necesidades y sólo alcanzan para atender a las poblaciones que presentan el panorama más calamitoso en esta materia.
Se plantea así un enorme reto, que no sólo depende del nivel central, sino de los gobiernos locales. Es por ello que luego de conocer al grupo empresarial Español Gimeno, líder en materia de atención y prestación de servicios públicos domiciliarios en la comunidad valenciana y con una experiencia de 130 años; y de su interés en vincular acciones de cooperación nacional e internacional, me di a la tarea de facilitar un encuentro con alcaldes del departamento, quienes tendrán la oportunidad de obtener herramientas técnicas, financieras, administrativas y de gestión en materia de cooperación, para que dentro de los Planes de Desarrollo de este cuatrienio, puedan en corto plazo construir estos instrumentos de potabilización y descontaminación (PTAP y PTAR), en procura del cumplimiento normativo que obliga al aumento de cobertura y calidad del agua potable, consiguiendo así, disminuir los índices de contaminación del recurso hídrico.
Vale la pena recordar que frente al acceso al servicio de acueducto, Antioquia tiene relativamente buena cobertura, sobre todo en las áreas urbanas con un 81,66%, sin embargo, hay subregiones con muy baja cobertura como el nordeste en donde sólo el 55,44% cuenta con acceso al acueducto, el Norte con el 57,85%, y el caso más crítico es el de Urabá con sólo un 47,26% de abastecimiento en la zona urbana y 17.51% en la parte rural. En materia de alcantarillado el estado del servicio en el departamento es muy deficitario, en donde el sector rural tiene la peor cobertura y de igual manera la subregión de Urabá muestra los más bajos indicadores con el 30.62% en el área urbana y sólo el 6.17% en la rural. Cobertura que en el promedio departamental es del 69.59% urbana y 13, 57% rural.
Hay claras necesidades de inversión y también demostrado interés de cooperación internacional, sólo falta que las partes armonicen y se sintonicen de acuerdo al estado del arte de cada región, para que en Antioquia se hable de “Agua para la prosperidad o el Bienestar”.
