Tremendo lío emocional en el que está metido el ciudadano que ansía que la verdad preceda y acompañe las decisiones públicas que defiendan sus intereses. Porque los ciudadanos que ya tienen definida su opinión, pues ya saben quién tiene la razón -por convicciones a priori o por prejuicios o por argumentación que los ha llevado a la certeza-, entonces están tranquilos apoyando o señalando desde su esquina.

La decisión del alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, de iniciar ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Medellín una conciliación prejudicial -como requisito de procedibilidad de una demanda por 9.9 billones de pesos a los consorcios Generación Ituango (constituido por las sociedades Integral S.A. e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.), CCC Ituango (constituido por Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Conconcreto S.A. y Coninsa – Ramón H. S.A.) e Ingetec- Sedic (compuesta por las sociedades Ingetec S.A. y Sedic S.A.) y con Seguros Generales Suramericana S.A., y Chubb Seguros-, tiene a todo mundo hablando a favor y en contra de la decisión.

Los miembros de la Junta Directiva de EPM renunciaron por no haber sido tenidos en cuenta por el Alcalde y el Gerente para tomar la decisión y porque les “preocupa que no se estén observando las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”. Sin embargo, le reconocieron al alcalde Daniel Quintero “la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y el vencimiento de términos”. Pero con su consideración.  

El Alcalde de Medellín aceptó la renuncia masiva de la Junta Directiva de EPM, argumentando que la Junta no tenía que ser consultada para proceder a reclamar a contratistas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango -diseñadores, constructores, interventores y aseguradoras- recursos por 9.9 billones de pesos de sobrecostos que estaban envolatados. Explicó que esa es una atribución del Gerente y de la Gerencia Jurídica, y que “para hacer lo correcto, no hay que pedir permiso”, o sea, “para proteger el patrimonio de la empresa”, antes del “vencimiento de términos” legales.  

El Comité Intergremial de Antioquia respaldó la renuncia de la Junta Directiva con la preocupación de que ésta genere “pérdida de credibilidad en el manejo de la empresa, afectando gravemente su operación, la relación con la banca y los inversionistas”. Le pidió al Gerente de EPM una explicación sobre la situación, mediante la cual, según el Comité, “se violó el Gobierno Corporativo de EPM”, al tomar la decisión de adelantar las acciones legales contra los consorcios que supuestamente tuvieron responsabilidad en la crisis de Hidroituango. El Intergremial anunció la constitución de un Comité Cívico que actúe como Veeduría para cuidar los intereses de EPM.

El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, cree que la actitud del alcalde Daniel Quintero muestra carácter y firmeza en defensa del patrimonio de los antioqueños. Está convencido de que la Junta Directiva de EPM no ha estado a la altura de la crisis de Hidoritunago, ni de la situación económica de EPM.

Como la persona que más insistió en los errores constructivos cometidos por los contratistas de Hidroitungo, recuerda que la Junta guardó silencio ante la evidente tragedia y no reaccionó ante las inminentes investigaciones que habrían de generar las posibles responsabilidades fiscales y penales, en la contingencia que produjo daño emergente y lucro cesante valorados en 9.9 billones de pesos.

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dice que EPM y Medellín están en peligro. Dice estar convencido de que ésta es una crisis institucional, que Daniel Quintero incumplió sus promesas de campaña y que tiene el mismo discurso de la lucha social de Petro, pero destruyendo a EPM. También invitó a hacer control por parte de la ciudadanía e invitó a movilizarse en defensa de EPM.

La decisión del Alcalde de Medellín y del Gerente de EPM tiene dividida la opinión entre quienes creen que es un golpe a la institucionalidad y quienes creen que es una acción coherente con la independencia y la defensa del interés general, independencia que no debe ser mirada sólo con la lupa política sino con la lente de los intereses económicos y empresariales.

Porque antes de tomar partido, bueno es estar muy bien informado, con la convicción de conocer la fuente, pues la Democracia es tan amplia que da lugar a la existencia de Plutocracia y Sinarquía.

Para efectos de la sencillez con que deben entenderse los conceptos, la Real Academia Española dice que la Sinarquía se refiere a la “influencia que tienen ciertas personas, empresas u organizaciones en la gestión económica y política de una nación. La Sinarquía, en este sentido, está formada por corporaciones e individuos poderosos que condicionan el accionar de los gobernantes elegidos por el pueblo. Suele decirse que la Sinarquía es el poder oculto o el poder en las sombras”.

Igualmente, pensando en la sencillez de los conceptos, según el Portal Características.co, “la Plutocracia se refiere al control del gobierno de una nación por parte de sus élites económicas, quienes disponen de los mecanismos del sistema político para promulgar leyes que beneficien sus intereses, vayan o no en detrimento del resto de la población”.

Algunas características plutocráticas es que “los gobernantes retribuyen el apoyo de las élites económicas favoreciendo sus necesidades por encima de la voluntad general de la población”, “los gobernantes rinden cuentas, por ende, a los plutócratas antes que al pueblo” y, entre otras, “suelen ser invisibles en el debate político, por lo que a menudo juegan el rol del poder detrás del trono”.

Sin hipocresías, ésta es nuestra Democracia. Por eso es tan importante impedir que sea la amígdala cerebral la que tome la decisión de hablar, de opinar, de escribir, de insultar, de defender, de atacar, de vituperar, de zaherir, de señalar o de apoyar, sin la certeza que dan los argumentos en contexto.