El auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, advirtió a los 62 contralores territoriales que no podrán despedir a ningún funcionario nombrado en provisionalidad, y que de hacerlo podrían incurrir en sanciones disciplinarias y en procesos de repetición por eventuales demandas.

Mediante circular enviada a los entes de control, Ardila Barrera expresó que estos funcionarios no podrán ser separados de sus cargos  sin motivación del acto de retiro. Además, señala que “siendo la esencia de los organismos de control, como las contralorías, su carácter técnico, y la escogencia en el régimen de carrera administrativa, está diseñado para seleccionar a los mejores y más competentes a partir de un sistema sustentado en el mérito, los nominadores no pueden evadir esta responsabilidad al desconocer las garantías laborales de que gozan estos funcionarios en provisionalidad”. Igualmente anota que de no atender esos criterios, ante eventuales procesos judiciales, se podría generar menoscabo en el patrimonio público.
En la actualidad las 62 contralorías del país tienen  3.719 empleados, de los cuales el  48.9 % es de carrera administrativa, el 28.7 % se encuentra en provisionalidad y el 21.5 % en cargos de libre nombramiento y remoción.