Roger Vélez y Braulio Espinosa Márquez, en Sinergia Informativa.

El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, aplaude la decisión adoptada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de finalizar a partir del próximo primero de marzo la prueba piloto del cobro del “Permiso Especial por Circulación” o “Pago por Congestión y Contaminación”, implementada en el Valle de Aburrá desde el 17 de enero pasado, para que carros y motos pudieran circular durante la medida del Pico y Placa.

Braulio Espinosa ya había tomado la decisión este miércoles, 16 de enero, para las avenidas El Poblado y Las Vegas de su jurisdicción, pero le parece más acertado que la decisión sea metropolitana. No obstante ser Envigado autónomo para decidir sobre el pico y placa, le parece que la concertación es mejor, debido al diálogo que demanda la conurbación de los 10 municipios de la Subregión.

Braulio Espinosa Márquez, alcalde de Envigado.

Pero más que se hayan sumado por mi decisión autónoma como mandatario de Envigado, lo hacen porque había un acuerdo de ser una prueba piloto, con límites: hoy salen el Área Metropolitana y el alcalde Daniel a decir que la prueba piloto termina el 28 de febrero, coincidencialmente con la fecha que yo había anunciado para la terminación de la exención, lo cual aplaudo”, manifestó Braulio Espinosa en Sinergia Informativa.

No obstante, Espinosa Márquez explicó que su adelantada decisión de suspender el “Permiso Especial por Circulación” en Las Vegas y El Poblado de Envigado, se debe a la situación coyuntural generada por la construcción del Metroplus, que demanda el cambio de redes que llevan más de 40 años sin que hayan sido tocadas por el Municipio y EPM.

El Alcalde de Envigado llama la atención de las demás alcaldías del Valle de Aburrá para que piensen en la manera de controlar efectivamente el cumplimiento de medidas como el pico y placa, especialmente cuando hay pocos agentes de tránsito en las calles. En el caso de Envigado, dice que es más complicado porque no existen cámaras de fotodetección, con lo cual ha estado en desacuerdo total porque considera que las llamadas “fotomultas” son un negocio de particulares a expensas de la administración pública.