La gerente de Teleantioquia, Mábel López, representó a los canales regionales del País ante los senadores de la Comisión Sexta donde se discute el Proyecto de Ley 224 de 2018 – Senado, que busca la supresión de la Autoridad Nacional de Televisión y se amenaza la televisión pública de Colombia:
«Los ocho gerentes de los canales regionales de Colombia -Telecafé, Tro, Canal Trece, Canal Capital, Teleislas, Telepacífico, Telecaribe y Teleantioquia- rechazamos de manera categórica el Proyecto de Ley que busca acabar con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos –FONTV-.
Éste es el Fondo que financia la televisión pública y que para los canales regionales significa la financiación de más del 50 % de la programación y para otros, como Teleislas, el 95 %. Gracias a este Fondo los colombianos hemos podido disfrutar de series como La Niña Emilia, Carmentea, La Cimarrona, Telepacífico de Noche, Conectados, Serenata, Fractal, Morning Show, Rock al Parque, Débora, etc. Y, por supuesto, los noticieros regionales.
Recordemos que la Ley 182 de 1995 en su artículo 16 señala que el objeto del FONTV es el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión, y que la financiación de la programación educativa y cultural y el apoyo a los contenidos de interés público está a cargo del Estado. Así mismo señala el artículo 18 que este Fondo destina anualmente, como mínimo, el 60% de sus recursos para el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión.
Esto indica que los recursos destinados para la televisión pública se encuentran definidos, determinados y garantizados por Ley, con el fin de que la Televisión Pública pueda desarrollar su objeto en cumplimiento de los fines del Estado
Este Proyecto de Ley plantea fusionar en un Fondo Universal Único, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC) con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FONTV). La fusión de estos dos fondos con objetivos diferentes, dejaría en el aire la capacidad de distribución de recursos, el monto, la vigencia, la garantía y los topes para la distribución, lo que sí hace la actual fórmula aplicada por la ANTV.
Además, con este proyecto, que no es el mismo que radicó en octubre el exministro David Luna, se impactaría negativamente a la televisión regional, puesto que los recursos del FONTV atenderían en su totalidad a la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones, ésta sería la nueva entidad que saldría de fusionar la Autoridad Nacional de Televisión con la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
A los gerentes de los ocho canales regionales nos preocupa que este Proyecto de Ley establezca, sin ningún estudio ni justificación, una tarifa de compensación a los operadores de televisión por suscripción de máximo 1,96% de sus ingresos brutos. La preocupación es porque esos recursos que van directamente al FONTV, hoy corresponden a una tarifa de compensación del 5%. Esta tarifa ya había sido disminuida en 2017 como resultado de un estudio que hizo la ANTV a través de una consultoría de banca de inversión.
Si esa tarifa se disminuye al 1,96% ya no se recaudarían 236 mil millones de pesos al año, sino 128 mil millones de pesos. Y recordemos que de esos 128 mil millones, el 60% sería para aportar a los contenidos de los ocho canales regionales más RTVC que maneja Señal Colombia.
No compartimos que este Proyecto beneficie a los concesionarios privados. Ello va en contravía del propósito constitucional y legal de financiar, apoyar, fomentar y estimular los planes, programas y proyectos orientados a la promoción de contenidos audiovisuales educativos, culturales y de interés público.
Otra de las inquietudes que nos surge a los Canales Regionales es que la Nueva entidad creada estaría adscrita al Ministerio de las Tics y no contaría con la autonomía administrativa, presupuestal y financiera que tiene hoy la Autoridad Nacional de Televisión. Esto quiere decir que la administración centralizada por parte del MINTIC del Fondo Universal Único, estaría contaminada por la dirección política que tenga el Ministerio y no como actualmente se hace por la asignación periódica determinada y clara que obedece a la expresión cuantitativa de la denominada fórmula para asignación de recursos, independiente del manejo político.
Una cosa es eliminar la ANTV para dar paso a una regulación convergente y otra es dar potestades per se al MINTIC sobre el manejo y control de la televisión pública. Ello es contrario a lo preceptuado constitucionalmente.
Otra angustia que nos surge es que en dicho Proyecto también se contempla la autorización tácita para que cualquier contenido de origen audiovisual pueda recibir recursos del nuevo Fondo Universal Único, el cual hoy por Ley, sólo es para la televisión pública.
Por otro lado el Artículo 4 del Proyecto de Ley propone que la composición de la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –ANRC- esté integrada por cinco (5) miembros denominados “Expertos Comisionados”, designados para períodos fijos de seis (6) años.
Según el Proyecto, estos deben ser expertos en materia de telecomunicaciones, de profesión economista, abogado o ingeniero. Tristemente se excluye y sin razón aparente a los miembros de la televisión pública. No hay ningún profesional de las comunicaciones o audiovisuales. Ésta es una verdadera exclusión de quienes saben hacer televisión. La televisión pública necesita ser representada por profesionales que velen por sus intereses, interpreten de manera acertada las necesidades de los millones de televidentes que sólo tienen los canales públicos para cultivar su idiosincrasia, su identidad, la educación, la cultura y el interés general. Televisión pública representada en los canales regionales creados para responder al derecho de los colombianos a disfrutar de una televisión alternativa a la privada, la cual no puede ser delegada a particulares por parte del Estado».
