Por: Jorge Mejía Martínez
En medio de las refriegas de la campaña presidencial ocurrió la tragedia de los mineros de Amaga. La especulación nacional alrededor de los movimientos del nuevo gobierno, no puede enterrar la reflexión necesaria de una sociedad que no se puede acostumbrar a que los mineros que mueren enterrados, queden enterrados. La mina San Fernando es una de las más modernas en Colombia. Sin embargo, lleva dos desastres en menos de tres años. Apenas ahora se vino a descubrir que la legislación colombiana no obliga a que “este tipo de canteras cuente con detectores de gas permanentes. En ese sentido, habría una falla en la normatividad al no establecer este tipo de elementos de seguridad industrial” dijo el Secretario de Minas de Antioquia, Nicolás Lopez, al diario Portafolio. ¿Lo que uno se pregunta es si para adoptar una decisión tan elemental como exigir la instalación de detectores de gas en los socavones, para un peligro latente día y noche, se requiere una obligación legal, en lugar de ser el resultado del sentido común, mucho más por parte de una mina reconocida como de las más modernas del sector? ¿A los dueños de la mina les importa más el soporte jurídico de una elemental determinación o la suerte de sus trabajadores que arriesgan cotidianamente su vida? ¿Si este es el panorama en el sector minero formal o legal, sujeto a controles, cómo será el panorama en el sector informal o ilegal?
La actividad minera tiene una gran expansión en Colombia. Por algo el Presidente Juan Manuel casó su compromiso, ante Mockus y los colombianos, de no recurrir a más impuestos, por la expectativa de un comportamiento notable de sectores como el minero y el petrolero. El oro es el metal jalonador de la minería; el aumento en el precio del metal en el mercado ha despertado el interés de nuevos inversionistas y aventureros. Las tres cuartas partes de la producción son controladas por mafias y grupos violentos. “Esa minería ilegal ha servido también como combustible financiero para los grupos armados ilegales y las bandas criminales, es un problema mayor” dijo, Gabriel Silva, Ministro de Defensa Nacional. En regiones como el nordeste y el bajo cauca, la minería ilegal no solo está oxigenando la confrontación armada, sino que le está restando recursos – vía impuestos, regalías, sanciones, multas- al sector público. Otra consecuencia fatal es el deterioro acelerado del medio ambiente.
En el bajo cauca antioqueño se pueden producir al año 23 toneladas de oro, de las cuales 19 son extraídas ilegalmente. Una empresa seria, responsable social y ambientalmente, como Mineros S.A. asentada en el municipio de El Bagre, con recursos tecnológicos, logra producir 2.5 toneladas-año. En la región se encuentran regadas 900 retroexcavadoras con un costo unitario aproximado de 400 millones de pesos. Alrededor de cada máquina merodean 15 o 20 personas. Otra modalidad son las dragas ilegales, de todos los tamaños y sin infraestructura adecuada para la extracción, que se mueven por las cuencas hidrográficas de la región afectando los cauces, las orillas y la hidráulica normal de los ríos. También es posible encontrar retroexcavadoras montadas sobre planchones, móviles y rudimentarias. Todas afectan el entorno ambiental y la salud humana por el mercurio que se vierte al agua, llega a las entrañas de los peces y termina en el estomago de las personas. Los pequeños barequeros también dejan filtrar un alto porcentaje del mercurio en la capa de vegetación de las ciénagas, que luego es consumida por el ganado cuya carne llega a las carnicerías.
La actividad informal e ilegal, no respeta títulos mineros ni amparos administrativos ejercidos por las autoridades. Muchos propietarios de zonas con los documentos de propiedad en regla, son presionados por invasores respaldados por grupos armados ilegales que devengan un lucrativo canon por los servicios que prestan. Unas veces la respuesta es el silencio de los afectados por la intermitencia de la fuerza pública y en otras ocasiones la denuncia no tiene sentido porque la ausencia del Estado es total. La falta de control territorial por parte del Estado, condiciona el ejercicio de la autoridad civil y ambiental. Vale la pena escudriñar hasta dónde la reducción de las áreas cultivadas con coca en regiones como bajo cauca y nordeste, en Antioquia, obedece al desplazamiento de los coqueros hacia la minería ilícita. El triunfo de las autoridades contra la coca sería mínimo, si lo que ocurre es simplemente el cambio de una actividad ilegal por otra.
