Por: Jorge Mejía Martínez
En los últimos días tuvimos dos informaciones de prensa sobre producción de coca y narcotráfico que vale la pena retomar por su trascendencia: los toques de campana del gobierno colombiano por las reducciones de áreas cultivadas y coca procesada del año 2009 y el anuncio de la decisión del gobierno de EEUU de diseñar una reorientación de la política antidroga. El Ministro del Interior anunció que tuvimos una reducción en la producción de coca del 9.3% al pasar de 430 a 390 toneladas métricas respecto a 2008; de igual manera destacó la cifra de 68.025 hectáreas sembradas, como la más baja en 11 años. Ambas cifras nos devolvieron al año 1998 cuando la producción de coca era de 350.000 toneladas y el área cultivada de 67.200 hectáreas. Retornamos al momento en que Andrés Pastrana decidió implementar el famoso Plan Colombia. Volvimos al comienzo. Los resultados no se compadecen ni con los descomunales esfuerzos sociales, económicos e institucionales; tampoco con los objetivos propuestos desde el inicio.
El Plan Colombia, diseñado desde finales de los noventa, tuvo una visión integral para intentar reducir sustancialmente los cultivos de droga en nuestro territorio. Pastrana inició el Plan en las postrimerías de su gobierno y luego le correspondió a Álvaro Uribe su continuidad, dándole prioridad a la política de seguridad democrática con éxitos en el ejercicio del monopolio de la fuerza y el control territorial; pero se afectó la mirada integral de la versión inicial del Plan, para hacer énfasis en las fumigaciones con glifosato y en la erradicación manual y forzada de las áreas cultivadas con coca en el país. Los pequeños cultivadores, abandonados durante muchos años por el Estado y a merced de los grupos ilegales de la guerrilla o el paramilitarismo, fueron criminalizados y arrinconados. El gobierno ha sido incapaz de convertirse en el aliado lógico de los pequeños cultivadores para aislar a los grupos de violentos.
Colombia es el único país del área andina que permite la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos. El costo beneficio es muy reducido. El candidato liberal a la Presidencia, Rafael Pardo, lo dice claramente: “vamos a seguir cada vez fumigando más hectáreas para erradicar una. Cuando empezó el Plan Colombia se fumigaban tres hectáreas para disminuir una. En el año 2005 se fumigaban 25 hectáreas para disminuir una, ahora la cifra es por encima de 40 hectáreas para disminuir una”. Cada vez es más onerosa la vía de la fumigación. En los últimos años en Antioquia se han fumigado más de 40.000 hectáreas con un costo aproximado de $120.000 millones. Terminamos sosteniendo las mismas cinco o seis mil hectáreas cultivadas con coca, aporte del departamento a las cifras nacionales. Sustituir una hectárea de coca por una de cacao puede requerir $10 millones. Con la mitad de lo gastado se pudo haber erradicado totalmente del departamento el sembrado ilegal. El gobernador anterior, Aníbal Gaviria, le propuso al gobierno nacional que por cada peso aportado para la sustitución, habría otro peso por Antioquia. No hubo caso.
Vale la pena considerar hasta donde en la reducción de los cultivos de coca, influye el avance de otras modalidades también ilícitas, pero más rentables hoy en día, como la actividad minera de tipo informal e ilegal. Muchos pequeños cultivadores de coca, es posible encontrarlos ahora en los socavones o en las riberas de los ríos buscando el cotizado oro. Alrededor de la minería ilegal, se ha estado consolidando la criminalidad organizada de viejo y nuevo cuño. Hubo una mutación de una actividad ilícita a otra igual. El avance firme y sostenido de la institucionalidad por estos abandonados territorios, sigue en deuda.
El viraje del gobierno norteamericano es significativo, presionado por los pobres resultados luego de tres décadas en una guerra sin tregua. Más de 15.000 millones de dólares gastados, para que hoy las hectáreas cultivadas con coca en la región andina sigan siendo las mismas que cuando se iniciaron los programas de erradicación hace 15 años: cerca de 200 mil aportadas por Colombia, Perú y Bolivia. De los 15.000 millones de dólares, Colombia se ha tragado 7.000. El consumo tampoco se ha contraído. El efecto globo es una realidad: un día el problema está en una parte y luego aparece en otra parte. Se acaba un cartel y nace otro.
«El tiempo dirá si la promisoria nueva retórica del gobierno de Obama, centrada en las drogas como desafío de salud pública, se ajustará a cambios perdurables en materia de políticas», dijo John Walsh, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Esperemos.
