Por: Alfaro García
Los precios internacionales de metales preciosos y otros minerales han incentivado la inversión extranjera directa en muchos países productores, como colombia. A su vez, los grandes proyectos mineros que tienen alta capacidad económica, técnica y financiera, han ido desplazando a los pequeños productores.
Las grandes empresas se caracterizan porque se comprometen a funcionar bajo principios de legalidad, responsabilidad social y ambiental, mientras que los pequeños mineros se dedican a la explotación ilegal. Sin embargo, cerniendo la arena de los ríos y arañando las paredes de los socavones más peligrosos, los mineros informales han sido capaces de generar empleo y obtener ingresos para el sostenimiento de miles de familias.
Por eso, antes que perseguir e intentar cerrar estos pequeños proyectos mineros, que obviamente no cumplen con los estándares de seguridad, calidad y responsabilidad social y ambiental, se debe comprender su impacto social, permitiendo que muchas personas con sus salarios hayan podido participar en el desarrollo social de sus familias y de sus comunidades, algunas de las cuales han podido acceder a la educación superior y vivienda propia, entre otros servicios.
Teniendo en cuenta las posibilidades económicas y sociales de la pequeña minería, el Gobierno Nacional debería formular e implementar una política de desarrollo minero para los pequeños y medianos proyectos, buscando su legalización de la siguiente manera:
– Organización en cooperativas o proyectos mineros comunitarios
– Asistencia técnica y legal a los pequeños mineros
– En las zonas donde no se puedan realizar explotaciones mineras por razones ambientales, hidrográficas y de biodiversidad, generar proyectos sociales y productivos que presenten alternativas laborales a los mineros en sitios de influencia histórica de la minería
– Esquemas de seguridad industrial, salud ocupacional, seguridad social, responsabilidad ambiental y social de las empresas jurídicamente organizadas por la pequeña minería
– Participación ciudadana y comunitaria en los proyectos de la pequeña minería
– Plan de protección, conservación y recuperación ambiental con responsabilidad de la pequeña minería donde pueden hacer sus explotaciones mineras
– Que los grandes proyectos mineros de las multinacionales puedan contar con la participación de las empresas organizadas jurídicamente de la pequeña minería
– Fiscalización y control por parte de las Entidades del Estado a los proyectos mineros
– Desincentivar la ilegalidad obligando a los proveedores de materiales y servicios mineros a que sólo puedan tener relaciones comerciales con empresas u organizaciones legalmente constituidas, y disminuyendo las transferencias por regalías a los municipios donde haya más ilegalidad, hasta que estos se comprometan con planes de control y regulación minera en su territorio
– Acceso al crédito de los pequeños mineros para modernización en infraestructura.
De este modo, la pequeña minería puede seguir existiendo y aportando desde la legalidad al desarrollo social y al crecimiento económico de las diferentes localidades y regiones.
Respecto de la responsabilidad social empresarial y ambiental, el Gobierno deb tener en cuenta que debe participar en la protección y recuperación del medio ambiente que obligatoriamente se afecta. ¿Por qué no destinar, entonces, recursos de las regalías de municipios y departamentos a planes de recuperación ambiental?
Lástima que ni Gobierno Nacional ni Congreso lo hayan contemplado en la reforma del a las regalías.
