Según la Asociación de Mineros del Río Porce y la Quebrada La Viana, ASOVIANA, hay registro de que al menos cuatro mineros han desaparecido o perdido la vida en las aguas del Río Porce durante los ocho años de operación de la central hidroeléctrica Porce II. (Jacob Escorcia 07/03, Ferney Zapata 12/06, Jeyson Cardona 04/07 y Carlos Alberto Zapata 06/08). Y no ha sido por ocasionales accidentes, sino por un fenómeno que los lugareños denominan “bucha”.
“Bucha” es una creciente repentina del nivel del río de hasta tres metros en tan sólo 50 segundos que se produce por el desembalse para la generación de energía, aguas abajo de la presa, creciente que se mantiene así por horas o días, según la cantidad de energía vendida por Empresas Públicas de Medellín.
El Río Porce nace en el Alto de San Miguel con el nombre de Medellín, y posteriormente tributa sus aguas al Nechí, y tiene una particularidad: además de tener un buen caudal y unas diferencias de nivel que lo hacen apto para el aprovechameinto hidroeléctrico, posee en su lecho una gran riqueza aurífera.
Los dos recursos del mismo río son perseguidos por entidades y personas diferentes. En el recurso hídrico están interesadas las poderosas Empresas Públicas de Medellín, la cual tiene en funcionamiento desde el años 2001 la mencionada Central Hidroeléctrica de Porce II, generando 405 MW; construye la presa de Porce III, con una capacidad proyectada de 700 MW y avanza en la consolidación del proyecto de la central Porce IV, con la que aspira a generar 400 megavatios adicionales.
Por otro lado, con el propósito de sacarle al río un unos pocos gramos de oro para su sustento, concurren millares de colombianos desposeídos, de aquellos que aparecen en la estadística del DANE como trabajadores por cuenta propia, quienes en realidad son ciudadanos dedicados al rebusque.
Esos intereses no son armónicos. La “bucha”, además de ser sorpresiva, sin previo aviso, y por ello causante de la pérdida de vidas humanas, tiene dos caras: por un lado es la caja registradora de EPM funcionando a plenitud, y del otro la impotencia de los mineros, desprovistos de registradora, viendo pasar un río crecido que les ahoga sus ingresos. Ellos saben que su actividad sólo es posible cuando pueden acceder al lecho del río.
Antes de la Ley 142, también existía una “bucha”, originada por la central de Guadalupe, la cual también vierte sus aguas al Río Porce, pero ésta se producía en días y horas conocidos previamente por los mineros. La generación era para atender a los usuarios de las Empresas Públicas de Medellín.
Cuando Porce II entra en operación (año 2001), los usuarios habían dejado de serlo, y eran ya “clientes” gracias a la vigencia de la fatídica Ley, y la generación está ligada a la comercialización bajo el esquema neoliberal del MEM (Mercado de Energía Mayorista), en el que la Bolsa Nacional de Energía, hoy operada por XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP, adscrita a ISA, es la determinante de cuándo, quién y para qué destinos se genera energía, mediante un mecanismo de subasta diaria, que amén de ser un nido de especulación, hace imposible saber a qué horas o qué días viene la “bucha”.
El resultado es que mientras EPM, ente de naturaleza pública, de propiedad 100% del Municipio de Medellín, pero obligada a operar con la lógica del capital privado, hace utilidades multimillonarias en esa operación especulativa, miles de trabajadores de las riberas del río ven desaparecer bajo la “bucha” sus entables, sus trabajaderos, y su infraetructura y lo que es mucho más grave: hasta sus vidas.
Con justa razón, y cansados de promesas, dilaciones y engaños, han decidido elevar el tono en la exigencia de respeto al sagrado derecho al trabajo, y desde luego, a eliminar el grave riesgo de perder la vida. Y eso, obligatoriamente conduce a resolver la contradicción entre la prestación del servicio de energía eléctrica con el único objeto de obtener lucro económico vendiéndolo a clientes, frente a la prestación del mismo servicio con el propósito de atender un derecho de ciudadanos, de manera sostenible con el medio ambiente, cuyo principal componente son los seres humanos.
Y esto, definitivamente implica la derogatoria de la Ley 142 de 1994. Aquí nos toca escoger “ente la bolsa y la vida”. Los ciudadanos tenemos la palabra.
