El alcalde (E) y el exalcalde de Medellín, Óscar Hurtado Pérez y Daniel Quintero Calle, respectivamente, celebran la conclusión de la Contraloría General de la República, que en su Informe de Apoyo Técnico señala que no hubo sobrecostos en el Programa Buen Comienzo.
“La comparación del valor de los paquetes alimentarios para determinar si existe alguna diferencia se llevó a cabo mediante la confrontación del valor de los paquetes alimentarios según el estudio de mercado realizado en este informe técnico, con los documentos de respaldo de la ejecución de Colombia Avanza en calidad de contratista, teniendo que si bien se presentan diferencias en los valores, ninguno de los paquetes alimentarios fue cobrado por el Contratista y objeto de pago por la Alcaldía de Medellín a un valor superior al arrojado en el estudio de mercado”, dice el Informe presentado por los funcionarios de Apoyo Técnico de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción -UIECC-, Yuri Vanesa Malagón Jiménez y Johny Fabián Hernández Lizarazo.
Según Óscar Hurtado, la Contraloría General de la República le da la razón a la Administración de Medellín, después de un profundo análisis del Programa Buen Comienzo, confirmando en más de 120 páginas de revisión que no hubo corrupción ni sobrecostos en el Programa.
Hurtado agrega que la Administración de Medellín ha mantenido un compromiso inquebrantable con la transparencia y la responsabilidad desde el inicio del proceso, el 5 de julio de 2022, cuando el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de Medellín ordenó “la Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal con radicado 016 de 2022”, señalando un “posible daño patrimonial previamente individualizado”, causado al Municipio de Medellín — Secretaría de Educación, habida cuenta del contrato 4600085185 de 2020, suscrito con la Corporación Colombia Avanza.
Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero insistió en que nunca hubo sobrecostos y, en cambio, sí hubo infamia, mentira y bajeza por parte de la oposición a su Gobierno, pasando por encima del nombre de la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y de varios funcionarios del Programa Buen Comienzo, con la intención de hacerle daño a su administración.
La consecuencia lógica después de conocerse este Informe de Apoyo Técnico es que la Contraloría General de la República proceda a archivar el proceso de orden fiscal.
Mientras tanto, el proceso penal sigue adelante, pero este Informe se convierte en una importante prueba para la defensa de la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, que se suman al acervo probatorio que permitirá demostrar que no hubo sobrecostos, ni destinación indebida de recursos, ni apoderamiento de recursos habiéndose satisfecho todos los requisitos legales.
