La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, mediante el cual el Congreso de la República le hizo reformas a la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), en su artículo 38, durante la discusión del presupuesto para 2022, con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones. Dicho artículo planteaba que “la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.
La Procuraduría General de la Nación había dado su concepto afirmando que reformar a una ley estatutaria mediante una ley de presupuesto no se ajustaba a la Constitución. Ahora, el Alto Tribunal de la jurisdicción constitucional manifestó que el Congreso de la República no está habilitado a modificar una ley estatutaria a través de una ley ordinaria.
Así las cosas, ya no será posible suscribir convenios interadministrativos y los convenios interadministrativos suscritos que no se hayan ejecutado completamente deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar.
El abogado Andrés Úsuga había manifestado en Sinergia Informativa que no estaba “de acuerdo con que se haya incluido en la Ley de Presupuesto, ni que se haya aprobado de afán, cuando debió haberse derogado totalmente hace tiempo”.
Explicaba en su momento que las leyes ordinarias, como la de Presupuesto, tienen un trámite diferente a las estatutarias, como la de Garantías. También se refirió a la “Unidad de Materia”, la cual se entiende como la coherencia que debe existir entre los proyectos de ley o de acto legislativo que deben ser del tema que se está tratando; si se mete otro artículo que nada tiene que ver con el tema tratado, es un mico el que le cuelgan, como el inciso de la Ley de Garantías al Proyecto de la Ley de Presupuesto.
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La ponencia fue de la magistrada Diana Fajardo Rivera. La votación fue de ocho magistrados a favor contra uno, que fue el del magistrado Antonio José Lizarazo, quien se opuso a los efectos retroactivos de la decisión.
En el marco de la modificación de la Ley de Garantías por parte del Congreso de la República, el presidente Iván Duque anunció el 16 de noviembre de 2021 la conformación de una coalición entre el sector público, el sector privado, los organismos de control, los medios de comunicación y la sociedad civil para hacerles seguimiento a los convenios interadministrativos que se suscriban entre el Gobierno nacional y los entes territoriales, con el fin de garantizar toda la transparencia en la ejecución de los recursos públicos destinados a las regiones.
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