A escasos días de la segunda vuelta presidencial, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- hizo una advertencia que no debería pasar inadvertida para ningún colombiano, independientemente de sus simpatías políticas: La FLIP manifestó su preocupación por los ataques y señalamientos del candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, contra periodistas y medios de comunicación, advirtiendo que tales actuaciones pueden convertirse en una amenaza para el debate democrático y para el ejercicio libre del periodismo.
El pronunciamiento se produjo luego de que un medio nacional publicara una investigación relacionada con presuntos pagos por más de 1.299 millones de pesos a una empresa señalada como fantasma, información que involucra aspectos de interés público en torno a la campaña presidencial. Según la FLIP, la respuesta del candidato no se limitó a controvertir la información o ejercer su legítimo derecho de réplica, sino que incluyó descalificaciones y señalamientos contra periodistas y medios.
Más allá de la veracidad o falsedad de la investigación periodística, asunto que corresponde esclarecer mediante pruebas y procedimientos institucionales, el debate de fondo es otro: ¿cómo debe reaccionar un dirigente político -y más aún, un aspirante a la Presidencia de la República- frente a informaciones que considera injustas, equivocadas o incluso malintencionadas?
En una democracia sólida, la respuesta debería ser siempre la misma: más argumentos, más evidencia, más transparencia. Nunca la intimidación, la estigmatización o la descalificación personal de quienes ejercen la labor periodística.
La libertad de prensa no existe para proteger a los periodistas. Existe para proteger a la sociedad. Su función es permitir que los ciudadanos conozcan hechos, investigaciones, denuncias y cuestionamientos sobre quienes aspiran a administrar el poder público. Por eso, cuando un medio investiga a un candidato presidencial, no está ejerciendo un privilegio, está cumpliendo una obligación democrática.
Por supuesto, los periodistas pueden equivocarse. Los medios pueden cometer errores. Incluso -sin lugar a dudas- existen sesgos editoriales. Pero para corregir esas situaciones existen mecanismos constitucionales y legales: el derecho de rectificación, la réplica, las acciones judiciales cuando haya lugar a ellas y el debate público sustentado en hechos.
Lo preocupante ocurre cuando la crítica a una publicación se transforma en una narrativa que busca desacreditar de manera generalizada a la prensa o presentar a los periodistas como enemigos políticos. Esa práctica no fortalece la democracia, la debilita, porque introduce el mensaje de que toda información incómoda es una conspiración y todo periodista crítico es un adversario.
La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de los riesgos que entraña esa lógica. Gobiernos de diferentes ideologías han intentado erosionar la credibilidad de la prensa cuando ésta investiga, cuestiona o revela hechos incómodos. El resultado suele ser el mismo: más polarización, menos confianza institucional y una ciudadanía cada vez más encerrada en sus propias burbujas de información.
La preocupación de la FLIP adquiere especial relevancia porque no se trata de una organización partidista. Desde hace décadas ha documentado agresiones, amenazas, censura, restricciones y acoso judicial contra periodistas provenientes de actores estatales, grupos armados, dirigentes políticos y particulares de todas las tendencias. Su razón de ser es, precisamente, la defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a estar informado.
En tiempos de campaña, cuando las emociones suelen imponerse sobre la razón y la confrontación reemplaza con frecuencia a la deliberación, es indispensable recordar que los periodistas no están llamados a agradar a los candidatos. Están llamados a investigar, contrastar y preguntar. A veces acertarán plenamente, otras veces no. Pero una democracia sin periodismo crítico es una democracia más vulnerable.
Quien aspire a gobernar Colombia debería comprender que la libertad de prensa no es un obstáculo para el poder, es uno de sus límites legítimos. Y, precisamente, por eso constituye una de las mayores garantías para los ciudadanos.
Los gobernantes pasan. Los candidatos pasan. Las campañas pasan. Pero los principios democráticos deben permanecer. Y entre esos principios hay uno que no admite excepciones: una prensa libre puede incomodar al poder; un poder que busca silenciar a la prensa termina incomodando a la democracia.
