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El Consejo de Estado le ordenó al Juzgado 26 Administrativo de Medellín este lunes, 18 de abril, avanzar con el trámite de la demanda interpuesta en mayo de 2021 por la Fundación “Forjando Futuros”, con la pretensión de modificar el modelo de Gobierno Corporativo de EPM.

Gerardo Vega Bustamante, director de “Forjando Futuros”, explicó que la demanda de Nulidad busca que se inaplique, se derogue o se anule el Convenio de Gobierno Corporativo de EPM o, en su defecto, que se hagan los ajustes necesarios para que, entre otras, se impida el conflicto de intereses, quede prohibida la llamada “puerta giratoria” que comunica a la dirección de EPM con empresas  contratistas y con objeto social similar y no permita la impunidad resultante de la falta de sanción a los incumplimientos y posibles detrimentos.

La demanda es explícita en pedir que contratistas o exintegrantes de compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) no sean parte de la Junta, lo cual viene ocurriendo desde que Álvaro Uribe Vélez era Presidente de Colombia (2002 – 2006), Sergio Fajardo Valderrama era Alcalde de Medellín (2004 – 2007) y Juan Felipe Gaviria era Gerente de EPM, nombrado por Fajardo. Desde entonces -según Vega Bustamante- los privados llegaron a la empresa de servicios públicos a hacer negocios con sus propias empresas, con evidente conflicto de intereses.

Juan Felipe Gaviria había sido por años miembro de la Junta Directiva de Conconcreto; Federico Restrepo, venía de ser directivo de Integral; y Juan Esteban Calle, pasó de EPM a la Presidencia de Argos, empresas del Grupo Empresarial Antioqueño –GEA- que llegaron a beneficiarse, a escurrir y a ordeñar los dineros públicos, a través del convenio de Gobierno Corporativo”, manifestó Gerardo Vega.

El Director de Forjando Futuros informó que la demanda de Nulidad fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, de la mano de la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, para evitar que personas con intereses privados sigan coadministrando una empresa que es pública y que debe responder a intereses generales y no particulares.

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