Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Hace una semana me refería al ejemplo que en materia de aplicación de justicia y consecuente judicialización que se le venía encima al hoy ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se nos daba en Colombia, ya que en el pasado han sido vergonzosos los casos de gobernantes, altos dignatarios del Estado corruptos y magistrados de las cortes de 0 en conducta a los que nada les ha pasado y nada garantiza, o mejor, está garantizado que seguirán al margen de la ley y poca o nada esperanza se advierte que reciban el correlativo castigo por los actos cometidos.
Quedó demostrado allí que con una férrea voluntad política si pueden sacarse investigaciones para poner a tambalear aún al mismo jefe del estado, quien en el caso de Guatemala, hace apenas una semana era presidente de la república y hoy, sin la dignidad y en prisión preventiva como cualquier mortal.
Todo indica que los procedimientos, desde el punto de vista jurídico, también ayudaron, porque en menos de lo que canta un gallo fue despojado de la investidura presidencial y llevado a audiencia ante un juez de la justicia ordinaria, quien frente a las evidencias ofrecidas en su contra, lo envió en detención preventiva.
Acá en Colombia cuando de la investigación y juzgamiento de algunos funcionarios se trata, existen en la propia Constitución y en las leyes muchas talanqueras que hacen muy difícil sino imposible el procesamiento de este tipo de funcionarios. No es sino recordar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en donde como es de público conocimiento no pasa nada desde su creación, por fortuna con la reciente reforma al equilibrio de poderes, muchas de sus competencias fueron fincadas en un nuevo órgano en el que están puestas muchas esperanzas de que la impunidad no siga siendo tan rampante cuando de ciertos funcionarios se trata.
Se le abona a Pérez Molina el hecho de haber dimitido. Unos dirán que entonces es un favor que viene a hacerle al pueblo guatemalteco. Lo que sucede es que en Latinoamérica, región que históricamente ha sido tan propensa a la corrupción pública y privada, más la primera, o por lo menos más denunciada y conocida precisamente por ser tal, donde jefes de estado y altos dignatarios corruptos se atornillan al poder y sus cargos les sirve para seguir corrompiendo, inclusive a sus jueces, en un círculo de corrupción interminable, hemos visto que no renuncian a sus cargos y al poder anejo que estos les reportan. Recuerden el “Aquí estoy y aquí me quedo”.
Ha hecho carrera y estamos acostumbrados a que aún con las más contundentes evidencias en contra (sin desconocer que tienen derecho a un proceso como es debido y con todas las garantías) no renuncian a los cargos. Es verdad que mientras no haya sentencias ejecutoriadas no se ha desvirtuado la presunción de inocencia y por tanto no hay responsabilidades, pero también lo es que determinadas dignidades funcionan también con unas dinámicas adicionales, como que también implican responsabilidades políticas y sociales, donde hay sanciones previas o distintas a las estrictamente judiciales que necesariamente deben operar y quienes están sujetos a las mismas lo tienen bastante claro; además, el no estar en el cargo facilita las investigaciones, tan permeables en estas latitudes tropicales por distintas y evidentes razones.
Estas comisiones contra la impunidad dependen de la ONU y que para que puedan ejercer funciones debe mediar solicitud del respectivo estado interesado. La sociedad civil de países como México, El Salvador y Honduras están reclamando su intervención, Colombia debiera de asumir igual actitud, incluso por iniciativa del propio gobierno, ya que bastante, pero bastante estamos cansados de tanta corrupción en las altas esferas y la desafortunadamente inevitable impunidad. El hecho de ser un organismo que depende de la ONU da plenas garantías y lo mejor, lo hace inmune ante las consabidas y delictuosas presiones internas de tantos sectores interesados en que las cosas continúen igual. Pero es previsible que en Colombia esto no ocurra, no hay voluntad política, al paso de tan necesaria intervención saldrán voces con el manido e inútil argumento que Colombia es un país soberano y que en materia de justicia tiene las instituciones suficientemente fuertes y consolidadas como para adelantar las correspondientes investigaciones contra los presuntos responsables. Nada más alejando de la realidad, cuando no es que, cosa curiosa en un estado que se presume de derecho, el órgano designado para tal fin no funciona, quienes deben adelantar las investigaciones están cuestionados, como ocurre con tantos funcionarios judiciales desde la base hasta la cúspide de la pirámide judicial.
Hasta cuándo aguantaremos semejante desbarajuste?
