Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Para afrontar la disímil problemática que hoy vive el Área Metropolitana definitivamente se requiere de nuevos instrumentos institucionales y de gobierno que permitan unificar políticas y propuestas de alcance subregional. Pero todo parece indicar que al Área Metropolitana le quedó grande la gestión de este tipo de iniciativas, ante la evidente incapacidad para poner a los municipios a trabajar armónicamente, en función de los mejores intereses del conjunto poblacional. Daría para pensar que al director de la entidad no lo deja gobernar el Alcalde de Medellín, o que le da físico miedo adoptar e imponer las medidas que el Valle de Aburrá está demandando con suma urgencia.
Es lo que ha pasado con el tema de la inseguridad que hoy vivimos y así está ocurriendo con las graves dificultades de movilidad que todos padecemos. Creo que el Presidente de la República va a tener que intervenir para que no nos sigamos hundiendo en este desbarajuste institucional que se crea con medidas parciales adoptadas por algunos de los alcaldes y principalmente de la capital departamental. ¿Será que se requiere una Consejería para el Área Metropolitana? Eso debería ser tema de debate en estos momentos.
Detengámonos en el caso de la situación creada a raíz de la medida de la Alcaldía de impedir que los taxistas de los municipios vecinos recojan pasajeros en Medellín. Si bien reconocemos que se debe abordar el problema y que de pronto es una medida que debe tenerse en cuenta, nos llama la atención la falta de concertación, de diálogo entre los mandatarios locales y por ende el nulo papel del Área Metropolitana en ese sentido.
¿Por qué no acordar estas determinaciones y sus alcances con todos los alcaldes involucrados? ¿Por qué no se mira primero cuál va a ser el impacto que producirá sobre el conjunto de los taxistas y de sus familias, así como de las empresas en los municipios diferentes a Medellín?
Es cierto que los taxistas de la capital se han mostrado muy satisfechos, pero también que se está abriendo una gran fisura en el gremio que puede contribuir a alimentar los crecientes problemas de violencia regional.
Por cierto, muchos de los taxistas o propietarios de vehículos que todavía los adeudan van a sentir disminuidos sus ingresos, con lo que pueden verse abocados a la quiebra económica, a buscar otra ocupación o a engrosar el ejército de desempleados. Inicialmente se debieron analizar las causas del monumental problema que hoy enfrenta Medellín y el Valle de Aburrá, originado en la excesiva oferta de taxis. ¿Quién o quiénes son los responsables de que se haya disparado la aprobación de cupos para la operación del sector? ¿Se está cumpliendo una eficiente política de chatarrización de los vehículos obsoletos? ¿Cuáles empresas se están beneficiando con la medida? ¿Cuáles se están perjudicando?
Creo que se deben tomas medidas, así algunas parezcan drásticas, pero sin menoscabar los derechos de algunos y teniendo muy en cuenta el derecho a la igualdad que hoy se está violando con esta determinación. Espero que el Área Metropolitana asuma, de inmediato, un papel en esta materia porque es un detonante que puede provocar desmanes sociales de la mayor gravedad.
Me temo que estamos ante un problema estructural y en mora de proponer algunas iniciativas legislativas para que el ordenamiento territorial del Área se armonice con las dificultades presentes, entre ellas las crecientes exigencias de la convivencia. Por lo pronto parece que nos desbordó la conurbación y justo ahora, cuando el mundo celebra con alborozo la histórica caída del muro de Berlín, aquí se quiere levantar uno que -aunque virtual- lesiona gravemente los más básicos intereses de buena parte de la ciudadanía metropolitana.
