Por: German Reyes Forero
Según Listín Diario [República Dominicana], parte de las ventajas de buscar órganos en Colombia radica en el precio: mientras un trasplante de riñón en Estados Unidos cuesta unos 250 mil dólares (unos 491 millones de pesos), en Colombia oscila entre los 68 millones de pesos y los 125 millones de pesos.
Periódico El Tiempo, 13 de noviembre de 2009
En un acto social, según nota del periódico El Tiempo[1], se reunieron el embajador de República Dominicana y el representante del Gobierno colombiano, quien anotó “creo que ya es tiempo oportuno para que concretemos un acuerdo de gobierno a gobierno, con el fin de que ustedes (los pacientes dominicanos) tengan menos problemas legales cuando vienen en busca de su salud (a Colombia)". Fiel copia del discurso de la “confianza y la seguridad inversionista”.
Entre los años 2006 y 2009, interpusieron 62 extranjeros (dominicanos, venezolanos, israelíes, salvadoreños y panameños) acciones de tutela -37 correspondieron a dominicanos- para ingresar a la lista de espera de trasplante renal mientras, según la Asociación de Trasplantados, 900 colombianos están en ella. Estos “clientes extranjeros” vinieron a parar a los Hospitales San Vicente de Paúl de Medellín, Pablo Tobón Uribe y Clínica Sómer de Rionegro, bajo el llamado “turismo o viajes para trasplantes”. Entiendo que de estos países no vinieron “sisbenizados”, sino ricos que aún no cuentan adecuadamente con tales servicios superespecializados.
Sacamos pecho, porque el pasado 29 de octubre de 2009, suscribimos un acuerdo con los 18 países Iberoamericanos[2], para privilegiar el acceso de nacionales o residentes extranjeros a órganos y tejidos; aunque acuerdos bilaterales de cooperación mutua podrán revisar esta decisión, previo aval de las organizaciones nacionales de trasplantados.
No creo que la dicha de este privilegio dure mucho. Aceleradamente, este gobierno ha firmado, pendiente la ratificación con Estados Unidos, Tratados de Libre Comercio (TLC), bajo la supuesta búsqueda de favorecer la competencia en la prestación de servicios, entre ellos los de salud; ampliar la venta de productos y servicios en el exterior, a través de acuerdos “más favorables” que propicien la exportación de los mismos, obligará a tomar medidas claras sobre prácticas restrictivas a dicho comercio; serán parte de los propósitos. Luego, a un gobierno que en diferentes escenarios entrega nuestra soberanía, no le queda difícil reversar las normas que protegen a nacionales en este asunto. Sólo basta que los norteamericanos o signatarios de estos tratados lo soliciten.
Las restricciones de trasplantes a extranjeros quedarán sin piso cuando empiecen a operar las llamadas zonas francas para el sector salud (Ciudadela Salud – Sopó, Portoazul – Barranquilla, Imbanaco – Cali, Bogotá y Rionegro). En febrero de 2009 fue aprobada al Hospital San Vicente de Paúl de Medellín la creación de su zona franca permanente en Rionegro, para operar de manera especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior; en el segundo semestre del próximo año entrará en funcionamiento su Centro de Trasplantes y Tejidos, como parte de su oferta exportadora, pegado a acuerdos bilaterales que favorecerán ese “turismo médico”. No creo que la dirección del Hospital haya pensado en contrario. Allí, accederán al trasplante los mejores pagadores, en especial los extranjeros. Contarán con el gobierno de la “confianza inversionista” (o quien lo reemplace), con sus variadas gabelas, incluso para el manejo de órganos o tejidos. Recuerden que la enfermedad ha sido definida en nuestro sistema de salud como una mercancía sometida a las dinámicas del mercado, la eficacia, la calidad y la libre competencia. Nada de talanqueras.
