El galimatías de las consultas se resuelve trascendiendo la política y...
El proceso electoral rumbo a 2026 empieza a mostrar uno de los males recurrentes del sistema político colombiano: la confusión entre estrategia política y límites jurídicos. Las consultas populares presidenciales —concebidas como mecanismos de democratización interna— han terminado convertidas en un verdadero galimatías normativo, con decisiones contradictorias, acciones judiciales cruzadas y efectos políticos que, lejos de fortalecer la competencia democrática, la enredan.
La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto por el cual se...
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante una votación de seis magistrados contra dos, suspendió provisionalmente el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
Sendas acciones jurídicas ante el Consejo de Estado y el Consejo...
La convocatoria a una nueva consulta popular presidencial para el 8 de marzo de 2026, ordenada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrenta dos acciones jurídicas simultáneas que ponen en entredicho su legalidad y sus efectos dentro del proceso electoral 2026–2030: los abogados Martín Emilio Cardona Mendoza y Juan Esteban Galeano Sánchez interpusieron una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y una solicitud de revocatoria de inscripción presentada directamente ante el CNE.
La Registraduría rechazó la postulación de Daniel Quintero a la consulta...
La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó, mediante Resolución 889 de 2026, la postulación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. La Registraduría concluyó que Daniel Quintero no puede participar en otra consulta, pues el 26 de septiembre de 2025 se presentó ante la Registraduría para postular su participación, con Carolina Cocho e Iván Cepeda, en la consuolta popular que se realizó el 26 de octubre, con la finalidad de escoger el candidao del Pacto Histórico.
La rebelión normativa de los gobernadores
Colombia asiste a un episodio institucional muy delicado en el que varios gobernadores y alcaldes han anunciado que no acatarán los decretos expedidos por el presidente Gustavo Petro en desarrollo de la Emergencia Económica. ¿Puede una autoridad territorial decidir qué normas nacionales cumple y cuáles no? ¿Estamos ante un legítimo control constitucional o frente a una peligrosa forma de insubordinación institucional?
Salario mínimo para 2026: La batalla jurídica y política por el...
El incremento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional tras el fracaso de la concertación entre empresarios y centrales obreras, abrió un nuevo frente de confrontación en Colombia: el judicial. Mientras sectores empresariales buscan frenar el aumento por vía de acciones legales, el presidente Gustavo Petro defiende la medida como un mandato constitucional y convoca a la movilización social para evitar que sea desmontada.
El Decreto 1390 de 2025 ante la Corte Constitucional: ¿supera el...
La declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social mediante el Decreto 1390 de 2025 activa, de manera inmediata, el control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 215 de la Carta Política. No se trata de un control político ni discrecional, sino de un examen jurídico estricto, integral y reforzado, orientado a preservar el equilibrio entre la eficacia del Estado y la vigencia del Estado social de derecho.
Estado de Emergencia Económica: ¿salida constitucional a una crisis fiscal o...
El Gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano, amparado en el artículo 215 de la Constitución Política, con el argumento de que el país enfrenta una perturbación grave e inminente del orden económico y social que no puede ser conjurada mediante los mecanismos ordinarios del Estado. La decisión, contenida en el Decreto 1390 de 2025, reabre un debate de fondo sobre los límites del poder ejecutivo, la responsabilidad fiscal y el papel del Congreso en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no calma la indignación...
Cada vez que un menor de edad participa en un crimen de alto impacto, como es el caso del menor de 17 años hallado responsable de idear, coordinar y financiar el asesinato de su propia abuela y de su tía en Envigado, emerge una reacción social comprensible: la sensación de impunidad. Siete años de privación de la libertad frente a un doble homicidio planeado con frialdad parece, para muchos ciudadanos, una respuesta débil del Estado. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico-constitucional, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA- no está diseñado para absolver, minimizar el daño ni justificar la violencia, sino para responder bajo una lógica distinta a la del derecho penal de adultos.
La “Doble Conformidad” no es una concesión al delito, es una...
En un Estado Social, Democrático, Constitucional y Popular de Derecho, la justicia no se agota con una sentencia. Por el contrario, la garantía más básica de un sistema penal serio es que toda condena, especialmente la penal, pueda ser revisada por una autoridad judicial superior. Este principio, conocido como “Doble Conformidad”, es una conquista constitucional en Colombia. Pero su reconocimiento no fue automático ni espontáneo: fue el resultado de una profunda corrección del sistema, impulsada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-792 de 2014.
