El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio la orden de cancelar la presentación del libro “El M-19: de la guerra a la política”, programado para este martes, 21 de abril de 2026, en la Biblioteca Pública Piloto.
“Nunca tendrá espacio la apología al terrorismo. Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un “relato romántico”: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas. Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías. Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad”, fue el argumento de Federico Gutiérrez
La decisión del Burgomaestre presuntamente atenta contra la memoria histórica y la libertad de expresión y rebasa los límites del poder público en un Estado Social Democrático y Constitucional de Derecho, donde la tensión entre estos principios, valores y derechos debe resolverse con criterios jurídicos y no con juicios políticos o morales unilaterales, como lo pretende Gutiérrez.
En primer lugar, podría configurarse una restricción indebida a la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. En una democracia, la exposición de ideas -incluso incómodas o controversiales- está amparada mientras no constituya una apología directa y efectiva de la violencia o un delito. Un libro sobre un grupo desmovilizado, en principio, hace parte del debate histórico y académico, no necesariamente de la propaganda.
En segundo lugar, podría discutirse una afectación a la libertad de cátedra y de acceso a la cultura, especialmente si el evento tenía lugar en una biblioteca pública. Estos espacios, por definición, están llamados a garantizar la pluralidad, la circulación de ideas y la construcción de memoria, no a restringirlas por consideraciones ideológicas del gobernante de turno.
También podría analizarse como un caso de censura previa, que está prohibida en el orden constitucional colombiano: la Corte Constitucional ha sido reiterativa en que el Estado no puede impedir de antemano la difusión de contenidos por su enfoque o interpretación, salvo casos muy excepcionales y estrictamente definidos por la ley.
Ahora bien, el argumento del Alcalde sobre la “apología al terrorismo” introduce un punto relevante: si el contenido del evento realmente promoviera o exaltara la violencia armada de manera directa, el Estado sí tiene facultades para intervenir. Pero esa valoración no puede ser discrecional ni política, sino que debería estar sustentada en criterios objetivos, verificables y, preferiblemente, con intervención judicial o de autoridades competentes.
Respecto de la mención de la “ley de garantías”, conviene precisar que esta norma regula principalmente la participación en política y la contratación estatal en períodos preelectorales. No resulta evidente, al menos en abstracto, que la presentación de un libro encaje automáticamente en sus prohibiciones, salvo que se demuestre un uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas.
En ese sentido, la decisión podría estar bordeando una extralimitación de funciones o un uso restrictivo del poder administrativo para imponer una visión oficial de la memoria histórica, lo cual es problemático en un Estado que, por definición, debe ser pluralista.
Finalmente, hay un elemento simbólico nada menor: que esto ocurra en el marco de las celebraciones del Día Internacional del Libro tensiona aún más el mensaje institucional, porque ese día, en esencia, celebra la circulación libre de ideas, incluso aquellas que incomodan o cuestionan.
En síntesis, más que un acto de defensa de la legalidad, la medida podría interpretarse como un ejercicio discutible de autoridad que, de no estar sólidamente fundamentado, se acerca a la censura y a la restricción del pluralismo democrático.
La pregunta de fondo no es si el Estado debe proteger a las víctimas, que sin duda debe hacerlo, sino si esa protección puede traducirse en limitar el debate histórico. En una democracia madura, esa respuesta suele ser negativa.
