La armonía, la convivencia pacífica y la seguridad social que tanta falta hacen en Medellín, debido a la cantidad de conflictos no resueltos oportunamente, dependen también de la Secretaría de Transportes y Tránsito. Esta afirmación es del concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, y se refiere a que esta dependencia viene haciendo su aporte a la paz y la convivencia de la ciudad, mediante las audiencias públicas que permiten dirimir civilizadamente los conflictos entre ciudadanos.
La preocupación del Concejal conservador y de los demás corporados que integran la Comisión encargada de analizar las acciones de las inspecciones de Tránsito, es que éstas abandonen las audiencias públicas por medio de las cuales se resuelven oportunamente todos los procesos que por contravenciones simples y complejas se generen en la ciudad.
Según el coordinador de la Comisión, Nicolás Albeiro Echeverri, en las audiencias públicas se da curso a las demandas y denuncias relacionadas con daños, lesiones personales u homicidio, igual que a derechos de petición, revocatorias directas y acciones de tutela, todo dentro de los términos de la ley, con el completo soporte jurídico y garantizando el debido proceso de las partes en litigio.
En las audiencias públicas, el inspector de tránsito escucha a los implicados en la comisión de una presunta conducta contravencional, atiende peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y profiere fallo en derecho para dar solución al conflicto.
“Por eso es tan preocupante que la Secretaría de Transportes y Tránsito decida no continuar realizando estas audiencias. Si así ocurre, los conflictos de tránsito terminarían en la justicia ordinaria, la cual, pese a la Ley 1395 de 2010, sigue siendo demasiado lenta y congestionada. De esta manera, resolver un caso podría demorarse cuatro o más años”, afirma el concejal Echeverri Alvarán.
Hoy, las aseguradoras aceptan y reconocen el fallo de la Secretaría de Transportes y Tránsito, y con esa decisión emitida por sus inspecciones, se resuelve el conflicto, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria.
El Concejal conservador agrega que un Centro de Conciliación Particular cobra por la diligencia entre 150 y 220 mil pesos.
Por estas y otras razones, el concejal Echeverri recalcó que no es conveniente que la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín acabe con las audiencias públicas que han sido ejemplo para el resto del país.
La Comisión Accidental que analiza el valor agregado en que se constituyen las audiencias públicas de tránsito de Medellín está conformada, además, por los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, John Jaime Moncada Ospina y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
