La Oficina Jurídica del Ministerio del Interior notificó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, la terminación de la suspensión en sus funciones como Mandatario de los antioqueños, acaecida desde el 5 de junio pasado, después de que el Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia le impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva por el presunto concurso de delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. En consecuencia, termina el encargo de Luis Fernando Suárez Vélez como Gobernador.

Desde la noche de este sábado, 17 de octubre, Aníbal Gaviria Correa retoma sus funciones como Gobernador de Antioquia, después de que la suspensión quedó sin efectos tras el fallo del Tribunal Superior de Medellín que ordenó revocar la medida de aseguramiento que pesaba en su contra, mediante Auto Interlocutorio de este viernes, 16 de octubre, al conceder el habeas corpus solicitado por su defensa.

“Comoquiera que las situaciones fácticas que acarrearon su suspensión como Gobernador del departamento de Antioquia y la designación en encargo del doctor Luis Fernando Suárez Vélez en tal empleo, han desaparecido, se tiene que opera el decaimiento de los decretos 821 y 1246”, señala el oficio dirigido a Gaviria Correa por la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior.

El Decreto 821 del 5 junio de 2020 ordenó la suspensión del gobernador Gaviria y encargó de urgencia al entonces secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez Vélez. El Decreto 1246 de 2020 ratificó como Gobernador (E) de Antioquia al mismo Suárez Vélez, ternado por el grupo significativo de ciudadanos que avaló la candidatura a la Gobernación de Aníbal Gaviria.

Al hoy libre y nuevamente en funciones Gobernador de Antioquia, la Corte Suprema de Justicia le había negado en tres ocasiones la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, una de ellas, la solicitud de nulidad respaldada por concepto de la Procuraduría General de la Nación, por considerar la decisión de la Fiscalía abiertamente contraria a la Ley, la Justicia y la Dignidad Humana, denotando un interés mayor en los titulares de prensa que en los fundamentos jurídicos.