El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reiteró el llamado a los entes de control y al Gobierno nacional para que intervengan en el caso Tigo-Une, debido a que en la asamblea de la compañía se habrían registrado irregularidades por parte de Millicom con la votación, que lleva a una dilución y, como consecuencia, deja a EPM solo con el 2% de la compañía, en la que estaban invertidos los recursos públicos de los ciudadanos de la capital antioqueña.

“Ha pasado lo que lamentablemente nos habían informado y que nos llevó a hacer una junta extraordinaria de EPM para proteger el patrimonio público. El día de hoy, Millicom, que es una extranjera que maneja a Tigo y a UNE, llevó una dilución forzosa a EPM para quedarse ellos con el 98% de la compañía y EPM sólo con el 2%, en una votación a la que se opuso EPM y que se hizo violando los acuerdos del Concejo de espaldas a la Ciudad, sin pasar por el Concejo; además, el acuerdo de accionistas decía que esa votación requería una mayoría especial, es decir, el voto también de EPM, pero ellos lo forzaron, lo hicieron sin esa votación. Obviamente, EPM la rechazó, votó negativo y dejó las salvedades en todas las actas”, manifestó el Presidente de la Junta Directiva de EPM.

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El Mandatario, que recordó que en reiteradas oportunidades se le pidió al Concejo de la Ciudad aprobar el Proyecto de Acuerdo que permitía recuperar el dinero invertido en la compañía, pidió acciones urgentes por parte de los entes correspondientes para que no se pierdan recursos.

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“Les pedimos a los órganos de control, le pedimos al Gobierno nacional, que salgan en defensa del patrimonio público, que no permitan que esto ocurra, que nos dejen sin empresa, que nos dejen sin la UNE que construyeron nuestros abuelos y por la que ya habíamos perdido una plata lamentablemente por las decisiones que se tomaron en las administraciones anteriores, pero que hemos defendido con amor, con corazón y que no vamos a permitir que esto ocurra”, agregó.

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De acuerdo con el Alcalde, esta irregularidad debe llevar a que el Concejo de Medellín, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y las superintendencias de Sociedades y Financiera actúen de forma inmediata.