La ejecución de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana volverá al centro del debate político en Antioquia con una sesión de control político convocada en la Asamblea Departamental, en la que los diputados de oposición expondrán una serie de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos recaudados mediante este mecanismo.
El diputado Manuel García aseguró que uno de los principales temas será el comportamiento del recaudo, al señalar que cerca del 50 % de la cartera correspondiente a la tasa se encontraría en mora, situación que, según indicó, habría impedido cumplir las metas financieras proyectadas por la Gobernación.
De acuerdo con la información presentada por los citantes del debate, los compromisos contractuales adquiridos superarían los 490.000 millones de pesos, mientras que el recaudo efectivo estaría por debajo de lo esperado. Según los diputados, esa diferencia habría sido cubierta mediante recursos de libre destinación y vigencias futuras, una situación que consideran debe ser explicada por la administración departamental.
Los congresistas departamentales también cuestionan la destinación de los recursos hacia proyectos como infraestructura deportiva, tecnología y adecuación de instalaciones para la Fuerza Pública. García afirmó que solo una parte de los recursos comprometidos habría llegado directamente al fortalecimiento de la Policía y el Ejército, pese a que ese fue uno de los principales argumentos presentados durante la aprobación de la tasa.
Otro de los puntos que será objeto del debate corresponde a la ejecución de los escenarios deportivos financiados con estos recursos. Según la información entregada por los diputados, varias obras continúan sin ser entregadas y existirían retrasos en los procesos de interventoría y supervisión contractual.
Durante la sesión también se solicitarán explicaciones sobre el avance de proyectos tecnológicos, la instalación de infraestructura de conectividad y el cumplimiento de las metas inicialmente establecidas dentro del programa de seguridad departamental.
Los citantes anunciaron que pedirán la intervención de los organismos de control para revisar la ejecución de los contratos, así como la utilización de recursos provenientes de otras fuentes presupuestales para respaldar obligaciones derivadas de la tasa.
El debate contará con la participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Hacienda y representantes de Renta Departamental, quienes responderán al cuestionario presentado por los diputados y expondrán la posición oficial de la administración frente a las observaciones planteadas.
